CSI-F califica de “intolerables” las declaraciones del alcalde moralo sobre los empleados públicos extremeños
CSI-F rechaza “rotundamente” las palabras del alcalde de Navalmoral de la Mata, Rafael Mateos, en las que acusa a los empleados públicos, entre otras cosas, de ser unos “privilegiados”. Y es que, según CSI-F, “son injustas, desproporcionadas e intolerables porque sin trabajadores públicos la sociedad extremeña no podría funcionar”.
Las palabras del regidor moralo demuestran para
CSI-F “un desconocimiento total de la realidad de la función pública en nuestra
región así como de la legislación vigente. Es triste ver como desde algunos
ayuntamientos y desde distintos sectores de la sociedad se intenta desviar la
atención de la crisis hacia los empleados públicos para ocultar la incapacidad
de algunos para la creación de puestos de trabajo”.
Según CSI-F, “tenemos claro que los empleados públicos no
tenemos por qué pagar los excesos de otros. Reclamamos que los ajusten se hagan
recortando todas esas partidas ostentosas y superfluas que se siguen
manteniendo en forma de gastos de representación. Además, consideramos
imprescindible una reducción inmediata de los cargos de libre designación que son un coladero para amigos y
familiares de los políticos de turno. Una medida que servirá para controlar el
gasto y garantizar unos servicios públicos de calidad para todos los ciudadanos”.
CSI-F quiere destacar que “43 de cada 100
funcionarios son profesores y sanitarios, en un país en el que ambos servicios
son universales y gratuitos, mientras que el otro gran grueso lo forman
funcionarios cualificados, diferenciados, y de servicios tan esenciales como
los Funcionarios Judiciales, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y
los militares profesionales, quienes cuentan con escasísimos sueldos”.
Las palabras del regidor moralo demuestran para CSI-F “un desconocimiento total de la realidad de la función pública en nuestra región así como de la legislación vigente. Es triste ver como desde algunos ayuntamientos y desde distintos sectores de la sociedad se intenta desviar la atención de la crisis hacia los empleados públicos para ocultar la incapacidad de algunos para la creación de puestos de trabajo”.
Según CSI-F, “tenemos claro que los empleados públicos no tenemos por qué pagar los excesos de otros. Reclamamos que los ajusten se hagan recortando todas esas partidas ostentosas y superfluas que se siguen manteniendo en forma de gastos de representación. Además, consideramos imprescindible una reducción inmediata de los cargos de libre designación que son un coladero para amigos y familiares de los políticos de turno. Una medida que servirá para controlar el gasto y garantizar unos servicios públicos de calidad para todos los ciudadanos”.
CSI-F quiere destacar que “43 de cada 100 funcionarios son profesores y sanitarios, en un país en el que ambos servicios son universales y gratuitos, mientras que el otro gran grueso lo forman funcionarios cualificados, diferenciados, y de servicios tan esenciales como los Funcionarios Judiciales, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y los militares profesionales, quienes cuentan con escasísimos sueldos”.
