APAG EXTREMADURA ASAJA exige que el empresario Gallardo “devuelva los diez millones de euros de subvención otorgados por la Junta”
APAG EXTREMADURA ASAJA muestra su “satisfacción” por la decisión hecha pública hoy por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de formular la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) desfavorable a la construcción de la Refinería Balboa, poniendo fin a un “culebrón” que estaba pendiente de resolución desde el año 2005. “Es el triunfo de la lógica”, ha declarado Manuel Laparra, presidente de esta organización profesional agraria, quien recuerda que “APAG siempre se ha mostrado en contra del proyecto por la elección de la ubicación, ante el temor justificado de su impacto negativo para el sector agrario en la zona de Tierra de Barros”.
APAG EXTREMADURA ASAJA también quiere subrayar
que no está “en contra de ningún proyecto empresarial para nuestra región”,
pero no entiende “cómo se empecinó el industrial Alfonso Gallardo en realizar
el proyecto en esta zona en concreto y no en otras de nuestra propia comunidad
autónoma donde no se hubiera incidido tan gravemente sobre el sector
agroalimentario del lugar como hubiera ocurrido en Tierra de Barros”.
El presidente de esta organización Manuel
Laparra insta a partir de ahora al gobierno de Extremadura, después de la
resolución aprobada sobre este asunto en la Asamblea de Extremadura en el
transcurso del último debate sobre el Estado de la Región, “que el empresario
devuelva de forma efectiva y sin demora los diez millones de euros que ha
recibido de la administración regional en los últimos años, toda vez que la
industria ya no es, oficialmente, viable. Parte de ese dinero, según aprobaron
los grupos parlamentarios (PP e IU), aunque lamentablemente con el voto en
contra del PSOE, iría a cubrir las necesidades urgentes tras los recortes
efectuados a los agricultores y ganaderos extremeños. Así, 1,7 millones de
euros irían destinados a los seguros agrarios y 600.000 a la prima de
polinización”.
APAG EXTREMADURA ASAJA también critica “la
incompetencia de los anteriores gobernantes del Ministerio y de la Junta de
Extremadura que crearon falsas expectativas en un proyecto que era inviable
desde el primer momento por su grave impacto medioambiental y aún así no lo
resolvieron ni a favor ni en contra durante más de seis años”. En cualquier
caso, Laparra recuerda que ya había advertido que esta organización iba a
expresar su respeto, fuera cual fuese el dictamen, a la decisión de los
técnicos del Ministerio, “aunque es evidente que nos alegremos del resultado
final”.
Laparra recuerda que APAG EXTREMADURA ASAJA ha
intervenido “activamente en manifestaciones, concentraciones, comunicados y
ruedas de prensa, etc., junto a otros colectivos sociales, en especial la
plataforma ‘REFINERÍA NO’, en la lucha porque este proyecto no fuera viable,
como ocurrió en el caso de la organización, incluso, de una ‘tractorada’ que
terminó en Mérida en el año 2007 y que tuvo una participación masiva de los
agricultores afectados”.
APAG quiere “recordar que según los datos
oficiales son 20.000 familias las que viven directamente de la producción de
viñedos de la zona de Tierra de Barros, cuya repercusión también como imagen
hacia el exterior iba a ser muy dañina
si se construía una refinería al lado de la producción vitivinícola, que acoge
además a la Denominación de Origen Ribera del Guadiana, que fue tan difícil de
conseguir, y que hubiera sido puesta en riesgo”.
APAG EXTREMADURA ASAJA también quiere subrayar que no está “en contra de ningún proyecto empresarial para nuestra región”, pero no entiende “cómo se empecinó el industrial Alfonso Gallardo en realizar el proyecto en esta zona en concreto y no en otras de nuestra propia comunidad autónoma donde no se hubiera incidido tan gravemente sobre el sector agroalimentario del lugar como hubiera ocurrido en Tierra de Barros”.
El presidente de esta organización Manuel Laparra insta a partir de ahora al gobierno de Extremadura, después de la resolución aprobada sobre este asunto en la Asamblea de Extremadura en el transcurso del último debate sobre el Estado de la Región, “que el empresario devuelva de forma efectiva y sin demora los diez millones de euros que ha recibido de la administración regional en los últimos años, toda vez que la industria ya no es, oficialmente, viable. Parte de ese dinero, según aprobaron los grupos parlamentarios (PP e IU), aunque lamentablemente con el voto en contra del PSOE, iría a cubrir las necesidades urgentes tras los recortes efectuados a los agricultores y ganaderos extremeños. Así, 1,7 millones de euros irían destinados a los seguros agrarios y 600.000 a la prima de polinización”.
APAG EXTREMADURA ASAJA también critica “la incompetencia de los anteriores gobernantes del Ministerio y de la Junta de Extremadura que crearon falsas expectativas en un proyecto que era inviable desde el primer momento por su grave impacto medioambiental y aún así no lo resolvieron ni a favor ni en contra durante más de seis años”. En cualquier caso, Laparra recuerda que ya había advertido que esta organización iba a expresar su respeto, fuera cual fuese el dictamen, a la decisión de los técnicos del Ministerio, “aunque es evidente que nos alegremos del resultado final”.
Laparra recuerda que APAG EXTREMADURA ASAJA ha intervenido “activamente en manifestaciones, concentraciones, comunicados y ruedas de prensa, etc., junto a otros colectivos sociales, en especial la plataforma ‘REFINERÍA NO’, en la lucha porque este proyecto no fuera viable, como ocurrió en el caso de la organización, incluso, de una ‘tractorada’ que terminó en Mérida en el año 2007 y que tuvo una participación masiva de los agricultores afectados”.
APAG quiere “recordar que según los datos oficiales son 20.000 familias las que viven directamente de la producción de viñedos de la zona de Tierra de Barros, cuya repercusión también como imagen hacia el exterior iba a ser muy dañina si se construía una refinería al lado de la producción vitivinícola, que acoge además a la Denominación de Origen Ribera del Guadiana, que fue tan difícil de conseguir, y que hubiera sido puesta en riesgo”.
