Y, en este sentido, ha reafirmado las declaraciones efectuadas esta mañana por los consejeros de Economía y Hacienda, Antonio Fernández, y el de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, José Antonio Echávarri, quienes han anunciado que el Gobierno de Extremadura presentará recurso de inconstitucionalidad al decreto estatal.

No tiene sentido que se grave a los consumidores si lo que buscamos con esta tasa es gravar el riesgo de determinadas actividades energéticas. “Quien contamina debe pagar pero no los extremeños que exportan la actividad eléctrica producida en Extremadura”, ha afirmado el presidente del ejecutivo extremeño.

Por tanto, según Monago son las empresas las que deberían asumir los costes porque, según ha explicado el presidente regional, "el potencial contaminador que se produce aquí de una actividad que se genera y despliega en toda España no lo pueden pagar los extremeños”.