Mucha tinta se está vertiendo con todo esto de las recaudaciones de la SGAE, aunque estadísticamente la mayoría de los ciudadanos sigue pensando que es un problema particular de autores contra bares, de editores contra piratas, de padres y adolescentes que no van al cine todas las semanas y se bajan la última peli, o de niñas que quieren oír a sus ídolos musicales, pero no tienen para comprar 12 discos al mes… Evidentemente se equivocan. Cuando tratamos los derechos de autor nos sumergimos en un mundo que está afectando a la mismísima esencia de la democracia y a la distribución sostenible y global de la cultura, un mundo complejo donde se ha desencadenado una batalla entre un influyente grupo de privilegiados, (autores y editores de renombre) incapaces de adaptarse al medio en el que cohabitan con el resto de seres humanos, contra analistas, pensadores y civiles que presienten los últimos acontecimientos como una agresión al intelecto humano y a los derechos fundamentales de las personas. La estrategia esgrimida por la industria audiovisual es simple, aunque no por ello menos depravada: ayudados por una clase política deseosa de ganarse los favores electoralistas de cualquier personaje mediático, se han desarrollado nuevas reglas del juego adaptadas a las necesidades particulares de este gremio de trabajadores e industriales, (autores y editores) Estas reglas, en muchas ocasiones, contradicen y contravienen principios básicos de nuestra democracia, e indudablemente no están redactadas con el mismo enfoque con el que se redactaron las reglas bajo las que se rigen el resto de trabajadores e industriales. Existe un evidente trato de favor hacia el mundo de la creación y la edición artística que daña frontalmente los intereses generales, y eso es lo que voy a intentar desgranar en este texto:

 Internet; su problema, la solución.

Hubo un tiempo en que los autores y editores se maravillaron con las posibilidades de la red de redes. Eran tiempos frescos y los artistas se daban de bofetadas por que sus temas se intercambiaran entre los internautas. De la misma forma, los editores, avispados empresarios con evidente interés lucrativo, vieron en la red un entorno promocional gratuito con infinitas posibilidades. NO LO OLVIDEN, fueron ellos, los mismos que hoy abogan por la supresión de las P2P, los que promocionaron en tiempos pretéritos la libre descarga entre usuarios domésticos.

La multinacional Sony lleva sesenta años vendiendo armas a los dos bandos. Sony se fundó en Japón en mayo de 1946,  en plena posguerra, y no tardó mucho en comenzar a desarrollar tecnología audiovisual que ha servido tanto a la industria musical como a los aficionados a las copias domésticas: se puede decir que Sony es la madre de las tecnologías de grabación en cinta magnética, tanto de audio como de vídeo, y también de los formatos digitales de audio y vídeo, tanto a nivel profesional como doméstico.

Pero Sony es, también, una de las mayores productoras de cine, televisión y música del mundo. La tecnología desarrollada por Sony a lo largo de las últimas seis décadas ha servido tanto al negocio de la industria cultural como a la copia y distribución de contenidos entre particulares.

Pero entonces una canción tardaba una puñetera eternidad en descargarse, y la empresa editora consideraba que el acto en sí no representaba peligro alguno. Las ventajas superaban a los inconvenientes, ya que los trabajos de sus artistas y creativos tenían muchas más posibilidades de ser conocidas por el global de la población bajo un coste significativamente inferior al de una campaña convencional de marketing. La gente podría conocer las obras y convertirse en potenciales compradores sin apenas inversión publicitaria. ¡Maravilloso! Pero entonces la tecnología siguió su imparable camino, y las descargas aumentaron el ratio de velocidad hasta hacer volar la información de una casa a otra en un espacio temporal cada vez más reducido. Lo que antes era fantástico ahora se tornaba amenazante (para la industria, claro está). Seguidamente su concepción primigenia de la red de redes cambió de forma radical: “Esto representa el fin de la cultura, de la mente creativa y el arte”; una zafia argumentación, ya que la mente creativa y el impulso artístico jamás han estado relacionados con el mercantilismo. La SGAE (abanderada en la defensa de los derechos de autor) precipita su discurso utilizando una demagogia pueril, carente de principios empíricos. La relación existente entre arte y mercado solo es un subproducto capitalista. En ningún caso podemos aseverar una simbiosis indisoluble entre una cosa y la otra, cuando los datos antropológicos sugieren ciertamente lo contrario. El arte, como expresión superior del consciente e inconsciente humano, es un lenguaje espiritual por encima de los muchos movimientos de distribución social que el hombre ha visto nacer, crecer y morir,  por lo que jamás debe ser confundido con un simple objeto de mercado expuesto a la especulación y regulación capitalista. Dicho de modo sencillo; “el negocio no engendra al arte, sino el arte al negocio”. Ahora bien, si de veras nos interesa cual es el talón de Aquiles del impulso creativo piensen en la imposición del pensamiento único, de la aniquilación del individualismo y del control global de los procesos cognitivos; un enemigo muy distinto a la difusión libre de información y pensamiento que nos ofrece la Internet.

La Industria discográfica y audiovisual no pretende protección para los artistas, al contrario, su único objetivo es el mantenimiento del negocio en unos parámetros de gestión anquilosados, pero cómodos. No han sabido adaptarse al avance del pensamiento humano y a los nuevos escenarios de interacción y comercio, por lo que aspiran imponer sus modelos de venta y distribución al interés global de la humanidad. Esta barbaridad moral alcanza su “cenit” con la ley de propiedad intelectual, la aplicación del canon digital  y la nueva ley de economía sostenible, auspiciada entre el lobby capitalista y el político dependiente.

Imaginen por un momento que toda la carrera aeronáutica se hubiera paralizado con la excusa de no perjudicar los intereses del comercio por carretera y mar. O piensen en la construcción de las autopistas y el impacto negativo que tuvieron en cientos y miles de pequeños establecimientos hosteleros que se asentaban en los márgenes de las antiguas carreteras. O como el desarrollo de la energía eléctrica desangró los intereses de los fabricantes de velas. Y como olvidar la hecatombe que la aplicación informática Word supuso para los fabricantes de máquinas de escribir. En definitiva, los intereses particulares de una industria jamás deben anteponerse al interés global de la humanidad. Si las discográficas y las editoras cinematográficas sienten peligrar sus modelos, no se equivocan, por supuesto que peligran. Y su única salvación será la adaptación a los nuevos canales de distribución, a no ser, claro está, que nuestra civilización y sus gestores políticos sean tan ingenuos e irresponsables como para ralentizar el avance de la gran herramienta que estaba esperando la humanidad desde que emitimos el primer fonema con intención de comunicarnos con otro congénere; la Internet, un entorno de libre comunicación capaz de interconectar la mente creativa de miles de millones de seres en todo el planeta, funcionando como un mismo cerebro y catapultando el conocimiento a cotas nunca conocidas ni presentidas por nuestra especie.

Propiedad Intelectual frente a la propiedad industrial.

Indudablemente considero indispensable y vital la protección de la autoría intelectual. Ahora bien, esa autoría tiene límites, tanto en la línea de distribución comercial como en la línea temporal de existencia. Todo creador artístico tiene derecho a que se reconozca su trabajo como tal, pero de la misma forma que tiene derecho un albañil a que se reconozcan la labor de sus manos sobre el ladrillo, o un arquitecto cuando plasma las imágenes del edificio sobre el papel, o un ingeniero cuando aplica sus conocimientos en la construcción del robot que después montará las piezas de tu coche. La autoría de un trabajo implica una contraprestación económica en nuestro mundo capitalista, eso es evidente. Todos pretendemos vivir de alguna actividad que se nos de bien y por la que se nos pague de forma justa. Hasta ahí no hay dudas. Pero ¿puede el artista pretender que su trabajo sea tratado de forma privilegiada y con reglas distintas a las del resto?

Tasas y Canon Digital, ingresos inmorales

Ambas formas de recaudación, no olviden que aprobadas por los sucesivos gobiernos democráticos, están basadas en principios contrarios al derecho español. De forma breve comentaré las razones que me llevan a rechazarlas como viables.

Canon Digital.

Esta figura impositiva se aplicó en el año 2007 (en realidad ya existía en la ley de propiedad intelectual de 1996, pero referido a soportes analógicos; en 2002 la SGAE ganó en los tribunales un pleito que obligaba a TRAXDATA a pagar por CD y DVD, por lo que en 2007 se incluyeron todos los soportes digitales con capacidad de reproducción, grabación y almacenamiento de datos, y por lo tanto susceptibles de guardar, generar o distribuir copias privadas de obras audiovisuales y literarias protegidas por copyright). La excusa esgrimida por la SGAE fue la compensación por las pérdidas que generaban dichas copias. Básicamente consideran que por cada ejemplar duplicado la industria perdía una venta; visión cuanto menos estúpidamente optimista, ya que la copia privada no solo es legal, si no que en ningún caso implica la necesidad del usuario de comprar un segundo ejemplar de la obra, si no más bien la necesidad de obtener cierta seguridad en el transporte y reproducción de la misma en soportes móviles y extraíbles.

El Canon Digital es un modelo impositivo contrario al derecho español por varios motivos. En primer lugar recae de forma indiscriminada, y no como un impuesto, que le daría cierta legitimidad, si no que repercute y se recauda directamente por y para empresas privadas.

En segundo lugar el mundo de la creación artística recibe compensaciones por cientos de millones de euros de obras que no les pertenecen. Podría y quiero definir esta anomalía como un robo de guante blanco. Cuando imponemos un gravamen económico por defecto en los soportes digitales estamos admitiendo que las obras artísticas de personas independientes y no afiliadas a ningún grupo de gestión, como artistas amater o artistas profesionales que prefieren compartir con licencias copyleft, están obligados a pagar un cantidad estipulada a los artistas que licencia en copyright, representados por la todo poderosa SGAE. Para que lo entiendan con claridad les pondré un ejemplo gráfico: Una vez que este texto esté terminado y publicado, la SGAE cobrará por él cada vez que yo quiera distribuirlo, a pesar de que no pertenezco a dicha asociación y exijo que mi trabajo se difunda de forma libre y gratuita. Lo mismo me ocurre cuando guardo mis cuentos de terror en el pendrive, o le paso una copia a mi madre en un cd.  SGAE, en ambos caso, está legalmente legitimada, gracias a la ley de propiedad intelectual, para cobrar por mi trabajo, y de hecho lo hace. Ahora piensen en las miles y millones de fotografías personales (bodas, bautizos, la barbacoa en el campo o el culo de tu mujer) por las que las entidades de gestión recaudan fondos para repartir entre sus socios. Pero no lo dejemos ahí, y sigamos con la administración pública, que gasta millones de euros en soportes digitales que se utilizan para guardar y gestionar datos públicos, que en ningún caso están sujetos a  derechos de autor, pero por los que paga religiosamente. La fe de vida del abuelo, las escrituras de la casa o el padrón municipal repercuten positivamente en las cuentas de ingresos de artistas como Sabina, Alaska o Amaral, y todo mientras hablan de comunismo y se fuman en puro en la proa de un Yate.

El modelo de cobro por la vía del Canon Digital, no solo es inmoral, si no que además representa la violación del principio básico de presunción de inocencia plasmado en nuestra Constitución. Bajo una de las premisas que lo pergeñaron, como es la consideración de que el 100% de la población es susceptible de convertirse en pirata informático, podríamos aplicar un Canon por y para cada industria que se vea perjudicada por actividades ilegales. Los bares aplicarían un Canon a los fabricantes de hielo y de vasos de plástico debido a la actividad perniciosa del botellón,  los agricultores frutícolas un Canon a los fabricantes de bolsas, escaleras y sacos de esparto por las pérdidas que les generan los robos en sus huertos. Y así podría seguir indefinidamente ejemplarizando casos de actividades ilegales que generan pérdidas en empresas privadas.

Dicho esto, y para terminar, reflexionemos sobre una nueva cuestión, y como del mismo modo que los máximos sospechosos de la propagación de virus informáticos son las empresas de software que se encargan de neutralizarlos, podríamos afirmar que la SGAE debe estar muy interesada en que la mafia de la piratería siga sus actividades, ya que le garantiza ingresos muy suculentos, independientemente de la calidad de los trabajos de sus asociados. De hecho, los más representativos ni tan siquiera tienen que vender para forrarse. Por tanto ¿es lícito pensar que la SGAE juega a dos bandas? Pues de la misa forma que lo es acusar a  toda la población de formar parte de la industria pirata.

Tasas por difusión y doble difusión pública

Otra de las aberrantes formas que la SGAE diseñó para llenarse los bolsillos se fundamenta en el hecho de que las obras reproducidas en empresas, con espacios denominados de pública concurrencia, pueden condicionar un aumento en los beneficios de dichas empresas, por lo que solicitan se les desembolsen una cantidad fija mensual en concepto de derechos de autor.

Podríamos discutir al respecto de como es posible medir cualitativa y cuantitativamente los beneficios o perjuicios que una empresa “X” obtiene por la difusión de obras protegidas. Pero pasemos la página y demos por cierto que las empresas que venden platos de lentejas y zapatos, como las que cortan el pelo o depilan bigotes, obtienen ciertamente un beneficio extra por dichas obras. Bien, ahora tenemos al empresario hostelero, por centrarnos en un gremio, que regenta su bar y sirve copas y comidas con un fondo musical que ha pagado previamente; equipo de reproducción y obras que reproduce. Ahora damos por hecho de que gracias a ese fondo musical vende más comida y bebida.  ¿Hasta ahí todo correcto? Pues bien, mediten ahora cuantas tasas debería pagar este hostelero si cada trabajo de diseño industrial por el que se beneficia estuviera sujeto a métodos recaudatorios como los de SGAE. Tendría que abonar una cuota al ingeniero industrial que diseñó el aire acondicionado, otra cuota al señor que diseñó la plancha de última generación donde asa la carne, otra al ingeniero que dibujó sobre el papel los planos de montaje del lavavajillas, y por supuesto sin olvidar al carpintero que le hizo las mesas, trabajos de los que evidentemente sí obtiene un beneficio extra significativo. Estaríamos ante una situación que convertiría cualquier actividad industrial en un imposible e infinito círculo de tasas en concepto de derechos de autor. Los ingenieros de lavavajillas, de puentes sobre el río, los carpinteros, o los cocineros se conforman con que sus trabajos se paguen al realizarse. Pero ahí tenemos a los artistas, que no solo quieren vender el disco, si no que además pretenden que dicha compra se convierta para el empresario en una hipoteca de por vida, amen de que ciertamente revierta positivamente en el global de la actividad empresarial.

La Tasa se carga a las empresas de forma indiscriminada, cuando huelga decir que la inmensa mayoría no se lucra de forma directa con la reproducción de las obras. De hecho, dependiendo del caso, puede que sea el artista quién obtiene mayores beneficios de la reproducción en lugares de pública concurrencia, sobre todo si nos planteamos el carácter promocional de la difusión como un factor añadido.

Es descabellado imponer cuotas por el uso y disfrute de obras que ya han sido abonadas, máxime cuando el afán difiere con mucho del mercadeo de dicha obra. Un hostelero no vende música, un panadero no vende música, un zapatero no vende música, un joyero no vende música; todos ellos no venden música, si no que venden con música. ¿Es acoso distinto a decir que un carnicero no vende cuchillos, si no sino con cuchillos? Por supuesto que no es distinto. Pues entonces imaginen que el diseñador del cuchillo exigiera su tasa mensual.

Una vez ha quedado claro el significado absurdo de la Tasa por difusión pública y doble difusión pública es hora de explicar como es posible que hayamos llegado a este punto de agravio comparativo entre el gremio de los creadores y editores artísticos con respecto al resto de trabajadores e industriales.

Complot mundial por el control de una fuente inagotable de dinero.

De la misma forma que está ocurriendo en el mercado de la alimentación humana, el mercado del arte es una golosina muy apetitosa para los grandes capitales. Ejercer el control sobre la distribución de artículos de consumo tan comunes y vitales ofrece, no solo ingresos cuantiosos asegurados, sino el control sobre otros muchos artículos de consumo relacionados. Si controlo lo que comes controlo como enfermas, y por tanto controlo que medicinas consumirás. Si controlo el arte que consumes controlo como piensas, incluso controlo la intensidad de tus pensamientos y por lo tanto controlo tus emociones. ¿Ciencia ficción? DADLE TIEMPO AL TIEMPO. En definitiva creo que el control sobre el consumo del arte no está relacionado con la defensa de los intereses del artista medio, ni tan siquiera con la protección del arte en general, sino más bien con la tutela y desarrollo de una mega industria, gobernada por pocos y que acapare el total de la distribución artística. Igual que el nuevo modelo de producción agrícola está dilapidando al agricultor medio en beneficio del terrateniente, el nuevo modelo de gestión de los derechos de autor acabará matando al arte en beneficio de las grandes productoras y editoras. ¿Y quién es el culpable de todo esto? Bien, pues como decía “V”  de Vendetta en su discurso a las masas antes de volar el parlamento; “si queréis encontrar un culpable solo tenéis que miraros al espejo”. Nosotros elegimos a nuestros líderes, y ellos se aliaron con intereses particulares contrapuestos a los intereses globales del pueblo al que juraron servir y proteger. Y no hicimos NADA. Los sucesivos gobiernos han creado un entorno sumamente beneficioso para que la situación descrita germine como la mala hierba en un campo húmedo. Han dilapidado derechos fundamentales, legislando de forma paralela, suministrando limbos legales y métodos de coacción eficientes para doblegar a las minorías más débiles. Y SEGUIMOS SIN HACER NADA. Estamos marcando nuestro destino con apatía y pasividad, nos dejamos influir por el miedo, por noticias intoxicadas de intereses capitales, mientras que el control de tu cuerpo y tu mente se está dirimiendo en despachos de grandes ventanales, sobre las torres de los edificios más imponentes de cada ciudad. Políticos estúpidos y corruptos, juristas traidores y mega-empresarios sin escrúpulos; todos están allí, alrededor de la mesa… 

El fin de la mente global

Pero si de alguna forma podemos hacer frente a este intento de control global es precisamente con la gran herramienta de comunicación “Internet”. Como ya dije al principio de este texto, la Internet es la herramienta definitiva que estaba esperando la humanidad, una forma relativamente directa de interconexión entre miles de millones de cerebros, al igual que si conformáramos un solo organismo vivo con multitud de neuronas independientes asociadas por hilos eléctricos por los que viajan las ideas, los pensamientos, los sueños, las inquietudes…y lo mejor de todo, sin intermediarios que gestionen el flujo de información. Bueno, o esa era la pretensión.

Los poderes fácticos conocen al enemigo, y ya se han puesto a trabajar para su eliminación. Las reuniones les están dando buenos resultados y tanto políticos como buena parte de la judicatura (que no toda) empiezan a trabajar conforme a sus oscuros intereses. Buen ejemplo de ello es la Nueva Ley de Economía Sostenible.

En su estado embrionario, y con la excusa de una más eficiente gestión de la propiedad intelectual se han intentado derrumbar las redes P2P, principio fundamental de la Internet, pues proporciona un entorno libre entre usuarios para dispensarse grandes bloques de información de forma directa y rápida. Afortunadamente, jueces leales a los derechos fundamentales, han impedido que las redes caigan (al menos por ahora), aunque la lucha no haya hecho más que empezar. Como describió perfectamente el señor David Bravo (abogado especialista en derechos de autor) “piensen que intentar eliminar las redes P2P habría sido como prohibir en su día las fotocopiadoras, y todo con la excusa de defender los intereses de las editoriales de best seller, no vaya a ser que alguien las utilizara para copiar libros”. Pero eso no es todo, si no que además la Promusicae, bajo el parapeto del ministerio, demandó al creador de un software que permite utilizar las redes P2P : Pablo Soto, desarrollador del software “Manolito P2P” ”Blubster” y “Piolet”). Vamos, que por esa regla de tres los ingenieros deberían tener mucho cuidado con lo que paren sus mentes, no vaya a ser que uno de sus inventos se use para matar gente, o para cualquier otra actividad ilegal, como un secador de pelo para soldar los lomos de libros pirata.

El ministerio, en su forma más abyecta, pretende imponer un control sobre los contenidos de la Internet prescindiendo totalmente del sistema judicial. Bajo la atenta mirada de un órgano civil “independiente” las webs podrían ser clausuradas de forma inmediata sin mediación de un juez. Bastaría con que incluyeran un enlace hacia un servidor que alojara contenido protegido por derechos de autor para llevar a efecto el cierre. Bien, el texto, tras la presión social y de las asociaciones de internautas, ha tenido que ser parcialmente modificado, incluyendo en la ecuación a un juez, al que se le otorgan cuatro días para decidir si el organismo administrativo no judicial puede o no aplicar el cierre, sin que el juez entre a valorar si efectivamente se ha cometido una violación de derechos de autor o no.

Mi opinión al respecto tiene dos vertientes. En primer lugar considero que el diseño de la ley rezuma una puerilidad desbordante. La señora “Sinde”, ministra de cultura y cabeza pensante de contenidos L.E.S (Ley de Economía Sostenible), quizá ignore que pretender cerrar las webs enlazadas con posibles contenidos protegidos implicaría automáticamente la censura previa y el cierre definitivo de toda la Internet: Google, Youtube, Yahoo, Terra, MiAol, Facebook. Tuenti, periódicos con blog alojados como El Pais, El Mundo, El Hoy, ABC, Libertad digital, Periodista Digital… más un sin fin de grandes distribuidores de servicios quedarían fulminantemente precintados, eso sí, siempre y cuando la ley se aplicara para los poderosos con la misma contundencia que para los débiles. Y precisamente ahí nace la segunda vertiente de mi opinión al respecto de la L.E.S ¿Creen ustedes que sería así? ¿Creen que el peso de la ley caería sobre los grandes capitales? No se por que sospecho todo lo contrario. En la práctica nos enfrentaríamos a la aniquilación del pensamiento divergente, amparándose, claro está, en la protección de la propiedad intelectual, mientras que por otro lado se fundarían los acuerdos correspondientes con los grandes suministradores de contenido, que podrían continuar sus actividades a cambio ¿de? La cuestión es que todos tomemos consciencia de las verdaderas intenciones de las modificaciones de la legislación. Si la L.E.S sale adelante, Internet y su capacidad ilimitada de difusión científica, filosófica y cultural habrán muerto. Las grandes compañías tendrán que elegir entre la continuidad de su actividad económica o un proceso judicial por difusión de contenido protegido.

Conclusiones finales.

Existe una premisa básica aplicable para cualquier vendedor, como en este caso puede aplicarse a los autores y editores. “Nunca maltrates a tus clientes”. Sin embargo, en lo que se refiere a SGAE y sus defendidos, con una arrogancia fuera de contexto, esperan aumentar el ratio de ventas imponiendo sus intereses particulares a las normas legales bajo las que se encuadra nuestra sociedad. Sus potenciales clientes dejan de comprar, pero no por la posibilidad de acceder a contenidos protegidos, sino por que tanto la baja calidad de la inmensa mayoría de los trabajos con los que se encuentran, como las prehistóricas formas de difusión y venta del producto, los desmotivan como potenciales consumidores.

Los artistas (y esta vez hablo del artista medio y de segunda, que es la verdadera masa palpitante del corazón creativo) no se están percatando de que su afiliación a voraces entidades de gestión, como lo es la SGAE, está sirviendo a las multinacionales del sector de excusa “barata” para imponer una forma de negocio que les mantendrá esclavizados a los caprichos de un mercado preconfigurado por esta misma industria, cuando en realidad el mercado artístico, en sociedades con pretensiones, debería implantarlo un consumidor educado y culto. Datos, como que apenas el 6% de los socios de SGAE cobra alguna cantidad de esos 370 millones de euros de recaudación, avalan lo que digo. Y máxime cuando de ese 6% solo el 1,5% se lleva el grueso del capital, repartido con una fórmula que la SGAE mantiene en absoluto secreto. Quizá de ahí se desprenda que la calidad artística de gran parte del producto final expuesto en las estanterías de las grandes distribuidoras deja mucho que desear. Piensen en ello.

De cómo un sector importante del entramado judicial se ha doblegado al interés empresarial, envenenando los procesos legales con una terminología que entra en  conflicto directo con la Constitución Española, debería ser motivo de dimisiones por pura vergüenza pública. Pero sospecho que eso mis ojos no lo verán en un país donde los profesionales obvian la obligada honradez de su actividad.