En concreto, estos colectivos han entregado esta tarde al responsable de Fomento de Extremadura, durante el transcurso de la reunión que han mantenido con el mismo hoy en Mérida un documento que contiene diez puntos que inciden en la necesidad de concluir con la política de desalojos de viviendas protegidas, planteando a su vez claras alternativas sociales para los ciudadanos que se hayan visto afectados o estén amenazados con ser desahuciados del parque de viviendas de la Junta.

La portavoz de  La Trastienda, Marisa Prudencio, junto a otros integrantes de la plataforma y el coordinador general de IU-Extremadura, Pedro Escobar han acudido a esta cita mantenida en la consejería.

Este encuentro se ha desarrollado a petición de los colectivos que han intervenido durante la reunión en la que han precisado las siguientes demandas: paralización de los desahucios en VPO; cumplimiento de la normativa de protección a los menores, derechos a vivienda digna y protección familiar como marca la Constitución; permitir el impago temporal de los alquileres sociales a aquellos parados y familias que no puedan hacer frente a ellos así como modificar la tabla de minoraciones del pago de cuotas; censo  y reparación de viviendas y ocupación de las que estén vacías.

El plan alternativo a los desahucios presentado este martes también incluye otros puntos que hacen hincapié en la necesidad de complementar la política de viviendas con acciones transversales como medidas específicas de empleo hasta la implantación de la Renta Básica, un plan contra el fraude de viviendas, además de un plan integral de acción comunitaria en las barriadas más precarias.

A continuación se adjunta el documento entregado  hoy  al consejero

Propuestas que se realizan desde el Colectivo La Trastienda y desde la Plataforma de Personas Afectadas por los Desahucios en Viviendas Sociales:

1.     Paralización inmediata de todos los desahucios de viviendas sociales, que están provocando auténtico pánico en los barrios, y apertura de un proceso de estudio y negociación con las Comisiones de vecinos de cada barriada, constituidas al efecto. Cumplimiento de los derechos a una vivienda digna y a la protección de la familia, establecidos en los artículos 47 y 39 de la Constitución Española.

2.  La Junta de Extremadura debe cumplir escrupulosamente con la normativa de protección a los menores. Basta con dos ejemplos: el brutal desahucio de familias con niños en barriadas como Juan Canet y Bellavista; o el hecho de que, por la imposibilidad de pagar los recibos de agua, muchos niños y niñas se encuentren sin agua corriente y/o sin luz eléctricas en sus casas.

3.     Para el  pago de los alquileres se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

-        Transitoriamente, estarán exentos del pago del alquiler todas aquellas familias en las que todos sus miembros estén en desempleo. También estarán exentos en el caso de que las personas de la familia en situación de desempleo perciban cantidades equivalentes o inferiores a las del subsidio de desempleo (426 euros mensuales).

-        Para quienes tengan trabajo se establecerá un baremo que tenga en cuenta tanto los salarios percibidos como la precariedad en la contratación. En cualquier caso, deberá garantizarse que el alquiler no supera el 10% de los ingresos salariales.

-        Sólo en el caso de disponer de trabajo estable, se procederá a la negociación de la deuda atrasada.

4.  Hace falta modificar la tabla de minoraciones y adaptarla a las nuevas situaciones de pobreza y marginación que se están generando en los últimos años. En el plazo de 2 meses se procederá a una revisión de los criterios establecidos en el decreto vigente. La cuantía de los alquileres debe desacoplarse de los precios del metro cuadrado por zonas, establecidos con criterios de mercado (artículo 24.2 del Decreto). La vivienda no es una mercancía, sino una necesidad básica y un derecho. Los criterios a aplicar en las rentas de las viviendas sociales han de ser sociales, atendiendo a los ingresos, precariedad, situación de exclusión… También deben aumentarse las deducciones relativas al número de integrantes de la familia,  los ingresos, situaciones de paro, discapacitados a cargo, mayores de 65 años…

5.   Elaboración de una nueva normativa de regularización de traspasos, cesiones y trasmisiones familiares. Es una aberración desahuciar a personas que viven en casas cuyos titulares son familiares suyos. Debe darse una solución a las personas que han sido desahuciadas hasta el momento y que malviven hacinadas en casas de otros familiares.

6.     Publicación de la información que obre en poder de la Junta sobre el censo de viviendas desocupadas en Extremadura, incluyendo tanto las viviendas sociales (VPO de promoción pública) como las viviendas privadas que han contado con subvención pública. Elaboración de un censo de las viviendas en manos de los bancos en Extremadura, como consecuencia de impago de hipotecas. La Junta de Extremadura debe tomar cuantas medidas sean necesarias para poner este parque de viviendas desocupadas al servicio del cumplimiento del derecho constitucional a una vivienda digna.

Elaboración de un plan inmediato de ocupación de las viviendas vacías para abordar los casos de probada y urgente necesidad, unidades familiares más numerosas, así como las situaciones derivadas de ejecuciones de sentencias, necesidades planteadas por el Instituto de la Mujer de Extremadura, personas con discapacidad u otras situaciones de emergencia o especial gravedad, conforme a lo previsto en el Decreto vigente de adjudicación de vivienda (115/2006).

7.     Plan de reparaciones, arreglo y adecentamiento de las barriadas de viviendas sociales por parte de la Junta de Extremadura. No es de recibo que la Junta de Extremadura incumpla sus obligaciones como casera, por ejemplo no arreglando los ascensores en algunas barriadas.

8.    Medidas específicas de empleo para las barriadas sociales, con altos niveles de desempleo. Hasta la aprobación de la Renta Básica, flexibilización de las condiciones de acceso a las AISES.

9.  Intervenir en el fraude relacionado con la vivienda, empezando por los casos más sangrantes: construcciones ilegales en espacios protegidos, casas de lujo edificadas en terrenos no urbanizables, elusión fiscal en VPO privadas mediante dinero negro…

10.  Planes integrales de desarrollo comunitario de las barriadas de viviendas sociales. Los barrios de vivienda públicas han sido y son los barrios marginados de las ciudades, por antonomasia. No se puede tratar como un problema de orden público, lo que no es sino una situación de injusticia social. Frente al barrio-gueto, el barrio con equipamientos, servicios y empleo. Son precisos planes integrales de intervención que cuenten con la participación del Ayuntamiento y los vecinos de esos barrios, pero también de las asociaciones existentes, de los centros educativos y sanitarios, de los comerciantes.... La promoción de locales para empleo, talleres ocupacionales, empresas de economía social, puede crear tejido social y dar una salida profesional a la población.  

Fdo: La Trastienda y Plataforma de Afectados por los Desahucios de Vivienda Sociales