Así lo ha puesto de manifiesto hoy la portavoz de estos colectivos, Marisa Prudencio,  a las puertas del Parlamento extremeño, en un breve encuentro con los medios,  donde ha indicado que han optado por informar en este lugar, precisamente por  “ser la casa de todos los extremeños y extremeñas” y  el lugar “donde se tienen que dar soluciones a todas las situaciones sociales” y problemas de los ciudadanos de la comunidad.

Ha censurado que la política de desahucios de vivienda de protección oficial esté motivada por “el sólo hecho de que las familias no tengan dinero” para hacer frente al pago de las rentas.  ”Entendemos que esto sí es una conducta asocial” de los gobernantes”, ha agregado Prudencio antes de indicar que han solicitado una reunión con representantes de la consejería de Fomento, para transmitirles la necesidad de crear una “mesa a nivel regional” que ataje esta situación, que está afectando a diversas localidades, como Badajoz, Cáceres, Almendralejo y Villafranca de los Barros, además de Mérida.

El “silencio” es hasta el momento la respuesta que han recibido ya que a día de hoy  la consejería “no ha facilitado” ningún tipo de dato, encuentro o solución, pese a los requerimientos de estos colectivos.

En esta línea, ha recordado que hasta la fecha existen 786 órdenes de desahucio en la comunidad y especialmente ha criticado la “conducta asocial” de los dirigentes extremeños por desalojar de viviendas sociales a “niños”, vulnerando con ello los derechos del menor.

“Se ha visto como se han sacado las cunas de los niños”  de algunas viviendas desalojadas por puro “afán recaudatorio mísero”, y “creando un clima social en barriada y pueblos sin sentido” puesto que “han echado a madres embarazadas  de sus casas, a personas enfermas , a mayores” , por lo que “no” dejarán de movilizarse hasta que la administración no cese “esta sangría” sin sentido y se dejen de vulnerar los derechos de la infancia, que es “lo mínimo” que los dirigentes políticos han de “respetar”,  según ha resuelto.

Entre  las actuaciones que están llevando a cabo, han mantenido encuentros con representantes de los grupos parlamentarios de IU y PSOE, a los que han propuesto crear una mesa a nivel regional en la que participen la administración, los partidos políticos, las plataformas de afectados y los colectivos que quieran colaborar en una solución frente a los desahucios para así “resolver” los “problemas” sociales generados, alcanzando hasta el momento el compromiso de la coalición en formar parte de esta mesa.

“Por favor que no tiren más piedras a las personas que ya están bastante desvalidas en la sociedad y en Extremadura; hagamos con las piedras la pared o las casas que necesitan para cobijarse de este tsunami que nos está llevando a todos a no sabemos hasta donde”, ha concluido la portavoz.

Por su parte,  Agustín Salazar Naharro, de la plataforma de afectados, explicó que en su caso quieren echarlo a la calle por deber 1.300 euros de alquiler de la VPO en la que reside junto a su hermano y su cuñada embarazada, al que no puede hacer frente,  quejándose de que por “miserable” cantidad él y otras “muchas” personas se encuentren en la misma situación de amenaza.

En la misma línea, la madre de otras de las afectadas, María del Carmen Redondo, ha realizado un llamamiento para que la ciudadanía “colabore” en impedir estos desahucios que están afectando exclusivamente a familias humildes, y “echan a la calle” a  “bebés“ junto a “sus cunas y juguetes”. “Tengo un nieto de cinco años, mi hija cobra alrededor de 180 euros cada tres meses” según ha precisado, antes de indicar que el 25 de junio se celebrará el juicio por el desahucio de su hija por la vía penal.