Este aumento de la recaudación pone de manifiesto que los expedientes de desahucio que se han ejecutado desde la Consejería de Fomento y los mecanismos de control que antes no se ejercían, están consiguiendo el debido cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de arrendamiento que suscribieron en su día los adjudicatarios de viviendas sociales con el gobierno regional.

Precisamente, el grave y reiterado incumplimiento de estas obligaciones han supuesto en muchos casos el inicio de los expedientes de desahucio.

El Gobierno de Extremadura se felicita por tanto ante la normalización de las barriadas que poco a poco se está produciendo y que se veían perjudicadas por las conductas asociales de algunos inquilinos que no han cumplido con estas normas que se establecen en los contratos de arrendamiento de las viviendas sociales.

Además de esta normalización y en base al compromiso social, la Administración pretende igualmente que todas las personas que viven en situaciones de especial dificultad puedan contar con una vivienda social, ya que las propiedades que está recuperando el Gobierno de Extremadura serán nuevamente adjudicadas a personas con necesidad.