Francisco Fuentes pone en duda la aplicación de la Ley de Incompatibilidades y afirma que el Delegado del Gobierno en Extremadura “estuvo cuatro meses fuera de la ley”
El portavoz socialista en la Comisión de Incompatibilidades de la Cámara Alta, Francisco Fuentes, puso en duda en la tarde de ayer la aplicación de la Ley de Incompatibilidades por parte del Ejecutivo tras la dimisión del Delegado del Gobierno en Extremadura, Alejandro Ramírez del Molino, por compaginar su cargo con la propiedad de una farmacia en Badajoz.
Fuentes recordó que el cese de Ramirez de
Molino “se produjo tan sólo cuatro meses después de su nombramiento” y señaló
que esto sólo pudo deberse a que “el Delegado del Gobierno ocultó los datos de
sus actividades a la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas” o que
ésta “no actuó correctamente y permitió que durante estos cuatro meses el
delegado estuviera fuera de la ley”.
A continuación, el senador socialista se
preguntó “cómo es posible que se pueda tardar cuatro meses en clarificar si los
cargos son incompatibles” y sugirió que la dimisión de Ramírez del Molino “puede
haber estado relacionada” con el cese, unos días antes, del Consejero extremeño
de Salud, Francisco Javier Perianes, que pasaba consulta privada de
oftalmología en una clínica privada.
Por otro lado, calificó de “impensable” que el
exdelegado solicitara por su cuenta un informe a la Abogacía del Estado después
de haber recibido la comunicación de la Secretaria de Estado sobre este asunto.
Por último, Francisco Fuentes puntualizó que
“lo más grave han sido las expresiones de los dirigentes populares estos últimos
días, que han hablado de una dimisión injusta, una ley absurda o una actitud
ejemplar y ética del delegado”. “A este paso”, ironizó, “le van a proponer para
la orden del merito civil”.
Fuentes concluyó asegurando que “el
desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento” y subrayando que “todo
un cargo de delegado del Gobierno en una Comunidad Autónoma ha estado cuatro
meses fuera de la ley”.
Fuentes recordó que el cese de Ramirez de Molino “se produjo tan sólo cuatro meses después de su nombramiento” y señaló que esto sólo pudo deberse a que “el Delegado del Gobierno ocultó los datos de sus actividades a la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas” o que ésta “no actuó correctamente y permitió que durante estos cuatro meses el delegado estuviera fuera de la ley”.
A continuación, el senador socialista se preguntó “cómo es posible que se pueda tardar cuatro meses en clarificar si los cargos son incompatibles” y sugirió que la dimisión de Ramírez del Molino “puede haber estado relacionada” con el cese, unos días antes, del Consejero extremeño de Salud, Francisco Javier Perianes, que pasaba consulta privada de oftalmología en una clínica privada.
Por otro lado, calificó de “impensable” que el exdelegado solicitara por su cuenta un informe a la Abogacía del Estado después de haber recibido la comunicación de la Secretaria de Estado sobre este asunto.
Por último, Francisco Fuentes puntualizó que “lo más grave han sido las expresiones de los dirigentes populares estos últimos días, que han hablado de una dimisión injusta, una ley absurda o una actitud ejemplar y ética del delegado”. “A este paso”, ironizó, “le van a proponer para la orden del merito civil”.
Fuentes concluyó asegurando que “el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento” y subrayando que “todo un cargo de delegado del Gobierno en una Comunidad Autónoma ha estado cuatro meses fuera de la ley”.
