La Comisión de Intervención Social atiende a los adjudicatarios de las Viviendas de Promoción Pública
La Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo, dispone de una Comisión de Intervención Social que atiende y realiza un seguimiento puntual de todos los usuarios de viviendas sociales con expedientes de desahucio abiertos por diversas causas.
Un total de ocho trabajadores sociales analizan y atienden
personalmente la situación de cada una de estas familias, teniendo en
cuenta y priorizando a las que se encuentran en especial dificultad,
para ofrecerles facilidades de pago de las cuotas y fórmulas que les
permitan cumplir las cláusulas establecidas en el contrato que tienen
firmado con la Administración regional.
De hecho, son muchas las familias que se han dirigido a la Consejería
de Fomento, no solo en los últimos días, y han visto paralizados sus
expedientes de desahucio después de lograr acuerdos y compromisos para
normalizar su situación.
Además de los trabajadores que pertenecen a la Consejería de Fomento,
en la Comisión de Intervención Social participan los trabajadores
sociales de todos los ayuntamientos de más de 7.000 habitantes, que
también orientan y hacen un seguimiento de todos los expedientes de
viviendas sociales.
Esta Comisión se reúne mensualmente para analizar conjuntamente las
solicitudes e incidencias que se recogen a lo largo del mes y poder
atender con celeridad los casos de mayor necesidad y urgencia social.
La Comisión también evalúa las situaciones de extrema y urgente
necesidad en la que se encuentran algunos de los solicitantes de
vivienda de promoción pública e informa sobre las propuestas de
adjudicación directa de éstas.
AUTORIZACIÓN JUDICIAL
La Consejería de Fomento continuará ejecutando los expedientes de
desahucio que han sido debidamente autorizados por una autoridad
judicial y que culminan tras largas tramitaciones administrativas. Esta
medida es dictada por un juez tras resolver expedientes en los que los
afectados no han respondido a los requerimientos o han obviado las
indicaciones que, tanto desde la Consejería como de la autoridad
judicial, se le han cursado a los afectados.
El Gobierno de Extremadura tiene abiertos 764 expedientes de
desahucios en toda la región, de los cuales 250 corresponden a la
provincia de Cáceres y 514 a la de Badajoz. Las principales causas que
han motivado el inicio de los expedientes corresponden a la no ocupación
de las viviendas, su ocupación ilegal, la falta de pago de los
ocupantes o las conductas asociales que se producen en las mismas.
La Administración pretende, con estas medidas, buscar la
normalización de las barriadas que se han visto perjudicadas por las
conductas asociales de algunos inquilinos que no han cumplido con las
normas que se establecen en los contratos de arrendamiento de las
Viviendas de Promoción Pública.
De hecho, son muchas las familias que se han dirigido a la Consejería de Fomento, no solo en los últimos días, y han visto paralizados sus expedientes de desahucio después de lograr acuerdos y compromisos para normalizar su situación.
Además de los trabajadores que pertenecen a la Consejería de Fomento, en la Comisión de Intervención Social participan los trabajadores sociales de todos los ayuntamientos de más de 7.000 habitantes, que también orientan y hacen un seguimiento de todos los expedientes de viviendas sociales.
Esta Comisión se reúne mensualmente para analizar conjuntamente las solicitudes e incidencias que se recogen a lo largo del mes y poder atender con celeridad los casos de mayor necesidad y urgencia social.
La Comisión también evalúa las situaciones de extrema y urgente necesidad en la que se encuentran algunos de los solicitantes de vivienda de promoción pública e informa sobre las propuestas de adjudicación directa de éstas.
AUTORIZACIÓN JUDICIAL
La Consejería de Fomento continuará ejecutando los expedientes de desahucio que han sido debidamente autorizados por una autoridad judicial y que culminan tras largas tramitaciones administrativas. Esta medida es dictada por un juez tras resolver expedientes en los que los afectados no han respondido a los requerimientos o han obviado las indicaciones que, tanto desde la Consejería como de la autoridad judicial, se le han cursado a los afectados.
El Gobierno de Extremadura tiene abiertos 764 expedientes de desahucios en toda la región, de los cuales 250 corresponden a la provincia de Cáceres y 514 a la de Badajoz. Las principales causas que han motivado el inicio de los expedientes corresponden a la no ocupación de las viviendas, su ocupación ilegal, la falta de pago de los ocupantes o las conductas asociales que se producen en las mismas.
La Administración pretende, con estas medidas, buscar la normalización de las barriadas que se han visto perjudicadas por las conductas asociales de algunos inquilinos que no han cumplido con las normas que se establecen en los contratos de arrendamiento de las Viviendas de Promoción Pública.
