CSIF asegura que la reducción de partidos judiciales en Extremadura será un obstáculo para el ciudadano
CSIF considera que "este plan esconde una amortización de plazas de los funcionarios de la Administración de Justicia en la región".
La Central Sindical Independiente y de
Funcionarios (CSIF) "no admitirá la reducción de los actuales partidos
judiciales en Extremadura, a menos de la mitad, ya que la disminución de los distintos juzgados
representará un obstáculo para los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos
ante los tribunales".
CSIF considera que
la medida -por la que se reduce de 21 a
7 el número de partidos judiciales- "constituirá otro elemento disuasorio
más para acudir a la Justicia" y que
"viene a unirse a la imposición de tasas judiciales".
Desde CSIF consideran "erróneo el planteamiento del Consejo General del Poder Judicial ya
que aquellas circunscripciones de la
comunidad con menor población se verán privadas de un acceso a la
administración de justicia en condiciones de igualdad con las ciudades más
grandes".
Además, en lo que
respecta a los empleados públicos que prestan servicio en los distintos órganos
judiciales de la región, "significaría una regresión de sus derechos ya que
conllevaría, entre otros, traslados de domicilio, familia, etc."
Y es que "si lo que pretende el Ministerio de
Justicia y el CGPJ es la amortización de plazas, el fracaso de este modelo está
asegurado. No sobran funcionarios en la Administración de Justicia, lo que sí
sobra es el derroche en medios tecnológicos ineficaces e inoperativos que se
han implantado los últimos años y que se van a renovar, otra vez, en breve".
La Central Sindical Independiente y de
Funcionarios (CSIF) "no admitirá la reducción de los actuales partidos
judiciales en Extremadura, a menos de la mitad, ya que la disminución de los distintos juzgados
representará un obstáculo para los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos
ante los tribunales".
CSIF considera que la medida -por la que se reduce de 21 a 7 el número de partidos judiciales- "constituirá otro elemento disuasorio más para acudir a la Justicia" y que "viene a unirse a la imposición de tasas judiciales".
Desde CSIF consideran "erróneo el planteamiento del Consejo General del Poder Judicial ya que aquellas circunscripciones de la comunidad con menor población se verán privadas de un acceso a la administración de justicia en condiciones de igualdad con las ciudades más grandes".
Además, en lo que respecta a los empleados públicos que prestan servicio en los distintos órganos judiciales de la región, "significaría una regresión de sus derechos ya que conllevaría, entre otros, traslados de domicilio, familia, etc."
Y es que "si lo que pretende el Ministerio de Justicia y el CGPJ es la amortización de plazas, el fracaso de este modelo está asegurado. No sobran funcionarios en la Administración de Justicia, lo que sí sobra es el derroche en medios tecnológicos ineficaces e inoperativos que se han implantado los últimos años y que se van a renovar, otra vez, en breve".

















