Faphamex informa a IU de la importante labor que desempeñan en acogida de menores y pide la aplicación de la Ley 4/1994
La Federación Asociativa de Hogares o Pisos de Acogida de Menores de Extremadura (Faphamex) ha mantenido una reunión con el Grupo Parlamentario Izquierda Unida (IU-V-SIEX) en la que ha expuesto las líneas de trabajo que desarrolla la organización, solicitando apoyo de la coalición para que se aplique a estas entidades la Ley 4/1994 que regula su relación con las administraciones extremeñas por la acción social que realizan y no por una actividad puramente mercantil.
En representación de la federación, que aglutina a las ocho organizaciones no gubernamentales extremeñas encargadas de gestionar hogares, pisos de acogida de menores tutelados, así como viviendas semiautónomas para la inserción socio laboral y los pisos de cumplimiento de medidas judiciales, han estado presentes en la cita mantenida en el Parlamento, su presidente Antonio García Galindo y Eduardo Reyes, presidente de AISMEX.
Por parte de IU, los diputados Alejandro Nogales y Víctor Casco se han puesto a disposición de esta organización a la que han transmitido que "velarán por el mantenimiento de los recursos a estos colectivos para que no se vea mermada la importante labor social que realizan".
Durante el encuentro los diputados han escuchado con atención las demandas e inquietudes del colectivo con el que seguirán manteniendo contactos para conocer más exhaustivamente las labores que desempeñan a la hora de coordinar las diversas asociaciones que la integran, intercambiar experiencia y elaborar programas conjuntos así como fomentar y defender la eficiencia de programas de hogares y acogida en la comunidad, entre otras iniciativas.
Las organizaciones no gubernamentales aglutinadas en la federación son: Asociación de Ayuda Integral a la Persona (DOMOS); Asociación de Hogares Funcionales Asociados (HOFA); Escuela de Animación Libre de Extremadura (EALEx); Asociación para la Integración Social de Menores de Extremadura (AISMEX); Asociación Hijas de la Caridad; Escuela de Animación Nutria y Asociación Anagénesis.
Estos colectivos han puesto de manifiesto "la preocupación respecto a los problemas a los que se enfrentan desde que en 2010, a consecuencia de la licitación por parte de la Junta de Extremadura de las plazas de los Programas de Hogares o Pisos de Acogida de Menores Tutelados de la Junta de Extremadura". Según han subrayado, "durante 25 años, las relaciones entre la administración y estas entidades colaboradoras se estaban llevando a cabo a través de conciertos y convenios de colaboración, relación que ha sido modificada al sacar a licitación las plazas de estos programas como Ley de Contratos del Sector Público".
Ante esta situación, la federación ha intentado frenar sin éxito esta medida que según explican "está suponiendo el desastre para niños, trabajadores y entidades". Entre los problemas señalados, cabe destacar que "la resolución de la licitación contractual ha supuesto el cambio de localidad y domicilio de menores que estaban adscritos a estos programas, la pérdida de sus personas de referencias, cambios de centro de estudio, pérdida de su red social, entre otros perjuicios".
Por ello, han solicitado ayuda a IU para que se aplique la Ley 4/1994 de 10 de noviembre, Protección y Atención a Menores de la Comunidad Autónoma de Extremadura que regula la relación con la administración de estas entidades y "no una ley que está pensada para situaciones mercantiles, pero no para la acción social, creando situaciones y conflictos", según han criticado.
En representación de la federación, que aglutina a las ocho organizaciones no gubernamentales extremeñas encargadas de gestionar hogares, pisos de acogida de menores tutelados, así como viviendas semiautónomas para la inserción socio laboral y los pisos de cumplimiento de medidas judiciales, han estado presentes en la cita mantenida en el Parlamento, su presidente Antonio García Galindo y Eduardo Reyes, presidente de AISMEX.
Por parte de IU, los diputados Alejandro Nogales y Víctor Casco se han puesto a disposición de esta organización a la que han transmitido que "velarán por el mantenimiento de los recursos a estos colectivos para que no se vea mermada la importante labor social que realizan".
Durante el encuentro los diputados han escuchado con atención las demandas e inquietudes del colectivo con el que seguirán manteniendo contactos para conocer más exhaustivamente las labores que desempeñan a la hora de coordinar las diversas asociaciones que la integran, intercambiar experiencia y elaborar programas conjuntos así como fomentar y defender la eficiencia de programas de hogares y acogida en la comunidad, entre otras iniciativas.
Las organizaciones no gubernamentales aglutinadas en la federación son: Asociación de Ayuda Integral a la Persona (DOMOS); Asociación de Hogares Funcionales Asociados (HOFA); Escuela de Animación Libre de Extremadura (EALEx); Asociación para la Integración Social de Menores de Extremadura (AISMEX); Asociación Hijas de la Caridad; Escuela de Animación Nutria y Asociación Anagénesis.
Estos colectivos han puesto de manifiesto "la preocupación respecto a los problemas a los que se enfrentan desde que en 2010, a consecuencia de la licitación por parte de la Junta de Extremadura de las plazas de los Programas de Hogares o Pisos de Acogida de Menores Tutelados de la Junta de Extremadura". Según han subrayado, "durante 25 años, las relaciones entre la administración y estas entidades colaboradoras se estaban llevando a cabo a través de conciertos y convenios de colaboración, relación que ha sido modificada al sacar a licitación las plazas de estos programas como Ley de Contratos del Sector Público".
Ante esta situación, la federación ha intentado frenar sin éxito esta medida que según explican "está suponiendo el desastre para niños, trabajadores y entidades". Entre los problemas señalados, cabe destacar que "la resolución de la licitación contractual ha supuesto el cambio de localidad y domicilio de menores que estaban adscritos a estos programas, la pérdida de sus personas de referencias, cambios de centro de estudio, pérdida de su red social, entre otros perjuicios".
Por ello, han solicitado ayuda a IU para que se aplique la Ley 4/1994 de 10 de noviembre, Protección y Atención a Menores de la Comunidad Autónoma de Extremadura que regula la relación con la administración de estas entidades y "no una ley que está pensada para situaciones mercantiles, pero no para la acción social, creando situaciones y conflictos", según han criticado.
