No obstante, los bienes protegidos con esta categoría en Extremadura suman un total de 254, ya que existen otros 85 sobre los que se han incoado los oportunos expedientes de declaración como BIC, por lo que recae sobre ellos el mismo nivel de protección, según indica la Ley 2/1999 de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura.

Por localidades, Mérida, con 24, es la ciudad que tiene más bienes declarados de interés cultural, seguida de Cáceres, con 17; Trujillo, con 7; y Badajoz, con 6. Por antigüedad, los más veteranos se reconocieron 1913 y los más recientes son los cuatro aludidos: la ciudad romana de Regina Turdulorum, en los términos municipales de Casas de Reina y Reina; el Palacio de Carvajal en Cáceres; el Convento de la Bien Parada en Abadía; y el conjunto de huerta, noria y cocedero de altramuces de la finca “La Cabra”, en el término municipal de Monesterio.

Por categorías, hay BIC en Extremadura que son monumentos, conjuntos históricos, zonas arqueológicas, lugares de interés etnológico, paisajes pintorescos, sitios históricos o colecciones de bienes muebles.

PROCEDIMIENTO

El procedimiento a seguir para que un bien sea declarado de interés cultural comienza con la solicitud, la cual puede ser de oficio o a instancia de parte, que en todo caso determinará la conformación del expediente administrativo.

Para este expediente se elaboran memorias técnicas que contienen información gráfica, planimétrica, fotográfica, textual etcétera., con el objetivo de acreditar, en su caso, los valores patrimoniales del bien, aquellos que justifican su protección.

La protección que se hace efectiva con la incoación del expediente de declaración, que ha de contener una identificación clara del bien con la enumeración de las partes que lo integran, así como la delimitación de su entorno protegido, ya que se trata de preservar no solo el bien en si mismo, sino también su entorno para salvaguardar su adecuada percepción.

El mayor beneficio que supone una declaración como BIC es la dotación de un instrumento jurídico que aporta una protección legal específica y es una figura de máximo rango que se aplica a los elementos más significativos del patrimonio.

En definitiva, es la garantía para una adecuada conservación frente al deterioro o a posibles intentos de agresión mediante usos o acciones que no aseguren la integridad de los valores patrimoniales del bien, que viene tutelada por el Gobierno de Extremadura, que debe dar su autorización, a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural y tras los análisis técnicos previos, sobre cualquier actuación que afecte a un BIC como, por ejemplo, una declaración de impacto ambiental, un planeamiento urbanístico o una obra municipal.

Por otra parte, la declaración como BIC incrementa, aún más, las posibilidades de poder actuar en materia de rehabilitación y conservación a través de financiación pública o privada. Por ejemplo, la normativa vigente exige que las intervenciones con cargo al 1% Cultural del Ministerio de Fomento se realicen en Bienes de Interés Cultural.

Finalmente, la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985 señala que los propietarios de un BIC deben, salvo excepciones justificadas, facilitar las visitas públicas y de investigadores en condiciones de gratuidad y al menos cuatro días al mes, siempre de acuerdo a un protocolo establecido.