La Declaración Universal de Derechos Humanos y nuestra Constitución recoge que la información es un bien social que no puede menoscabarse. Cualquier sociedad estructurada precisa de ella, recibir una información completa y veraz es un derecho que empieza a estar en peligro. “Los entes que presten el servicio público de comunicación audiovisual y sus sociedades prestadoras no podrán ceder a terceros la producción y edición de los programas informativos y de aquellos que expresamente determinen los mandatos marco que para cada ente se aprueben en desarrollo del marco competencial correspondiente.

Igualmente, impulsarán la producción propi a de su programación de forma que ésta abarque la mayoría de los programas difundidos en las cadenas generalistas”. Estos dos párrafos (3º y 4º) del punto 1 del artículo 40, de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, son garantes de que la información facilitada por las Televisiones Publicas deben responder al interés general desde la pluralidad y la independencia, ateniéndose únicamente a criterios periodísticos. La externalización de los informativos puede llevar a la imposición de criterios no periodísticos vulnerando los principios democráticos básicos y el derecho de los profesionales a elaborar su información “sin injerencias internas o externas” (Estatuto de Información de la Corporación RTVE, art. 12).

El Anteproyecto de Ley de Modificación de la Ley 7/2010, general de la comunicación audiovisual, para flexibilizar los modos de gestión de los canales públicos de Televisión Autonómica, que se encuentra en solicitud de dictamen con carácter de urgencia en el Consejo Económico y Social, suprime estos dos párrafos, dejando abierta la posibilidad de que los informativos sean gestionados por empresas privadas, es decir, la ”lobbycracia” deja la información en manos del Capital. Un servicio público esencial como es el satisfacer el derecho a la información pasa a depender de los intereses privados, o lo que es lo mismo la pluralidad, la transparencia, la neutralidad y la independencia pasan a depender de la cuenta de resultados de una empresa y de los intereses concretos de determinados grupos de presión mediante el  Lobbying.

Ese afán privatizador del actual gobierno nos llevará, sin duda, a unos servicios informativos compatibles con la filosofía del neoliberalismo, es decir la monopolización de los medios de comunicación por los grupos económicos vinculados al marketing y al consumismo. Este monopolio conducirá a la menor participación de las  organizaciones sociales que verán como sus actividades dejan de ser noticias, como ya vemos en alguna televisión privada, donde sólo se trasmiten valores superficiales que estimulan el consumismo, el hedonismo y el individualismo, un camino acelerado hacia la fragmentación social con las nefastas consecuencias que ello conlleva, un panorama que tenderá a parecerse a la comunicación social en Chile durante la dictadura.

Sin duda alguna debemos todos posicionarnos en favor de una Televisión Pública sin la injerencia de los “mercados”.