Región
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Miércoles, 27 de Enero de 2010
Podrán ser destinados a fines distintos a los agrícolas
La Junta liberaliza el uso de los Huertos Familiares
La Junta de Extremadura ha
aprobado un nuevo decreto que va a permitir liberalizar el uso de los llamados
huertos familiares, que actualmente están transferidos a los municipios, de
manera que éstos puedan disponer de los terreros para fines diferentes al agrícola.
El nuevo decreto ha sido evaluado por el Consejo Consultivo de Extremadura y
ahora aprobado de forma definitiva por el Consejo de Gobierno.
De esta manera, el Gobierno extremeño atiende la insistente demanda de
los ayuntamientos y entidades locales menores que, hasta ahora, han visto
limitado el uso de estas parcelas, evitando así frenar el crecimiento y
desarrollo de los municipios.
Los huertos familiares se enmarcan dentro de la política de colonización de los
años 40 del pasado siglo y fueron concebidos como pequeñas parcelas de regadío
que se adjudicaban a familias campesinas para que pudieran obtener productos
hortícolas con los que atender sus necesidades alimentarias más básicas.
El único requisito que el nuevo decreto exige para que los terrenos de los
huertos familiares puedan ser destinados a un uso distinto al inicial, es que
los ayuntamientos o entidades locales menores que sean propietarios de los
mismos hayan abonado y liquidado las deudas respecto a dichos huertos con la
Comunidad Autónoma. Para ello, el decreto fija un plazo de 18 meses, que
empezará a contar con la entrada en vigor del nuevo decreto.
A partir de ahí, los municipios podrán cambiar la calificación de los huertos
familiares, teniendo en cuenta las normas vigentes en materia agraria, de suelo
y ordenación del territorio.
De esta manera, el Gobierno extremeño atiende la insistente demanda de los ayuntamientos y entidades locales menores que, hasta ahora, han visto limitado el uso de estas parcelas, evitando así frenar el crecimiento y desarrollo de los municipios.
Los huertos familiares se enmarcan dentro de la política de colonización de los años 40 del pasado siglo y fueron concebidos como pequeñas parcelas de regadío que se adjudicaban a familias campesinas para que pudieran obtener productos hortícolas con los que atender sus necesidades alimentarias más básicas.
El único requisito que el nuevo decreto exige para que los terrenos de los huertos familiares puedan ser destinados a un uso distinto al inicial, es que los ayuntamientos o entidades locales menores que sean propietarios de los mismos hayan abonado y liquidado las deudas respecto a dichos huertos con la Comunidad Autónoma. Para ello, el decreto fija un plazo de 18 meses, que empezará a contar con la entrada en vigor del nuevo decreto.
A partir de ahí, los municipios podrán cambiar la calificación de los huertos familiares, teniendo en cuenta las normas vigentes en materia agraria, de suelo y ordenación del territorio.
