Para que los lectores entiendan mejor la reflexión que quiero hacer me voy a permitir aclarar antes, someramente, como se organiza el sistema de la Seguridad Social en España. Cuando hablamos de Seguridad Social no incluimos la sanidad pública, que se ocupa de la enfermedades comunes y que se financia por la vía de los impuestos, sino que nos estamos refiriendo a las prestaciones derivadas de las relaciones laborales, a la jubilaciones (de viudedad, de orfandad,  por incapacidad, o jubilaciones ordinarias por edad), a las bajas laborales, temporales o permanentes y a las prestaciones por maternidad, paternidad, ayudas por hijos, etc.

Pues bien el sistema de seguridad social en España no se financia con impuestos sino con las cotizaciones sociales de trabajadores y de las empresas. Estas aportaciones constituyen lo que se llama Caja Única de la Seguridad Social, que sirve en las mismas condiciones a todos los españoles, sin distinguir por autonomías, incluso a los vascos y los navarros, que tienen regímenes fiscales diferentes.

El sistema, cuya gestión se dirige por consenso político, mediante el Pacto de Toledo, y en la que  intervienen también los sindicatos CCOO y UGT  y las organizaciones patronales CEOE y CEPYME, viene siendo hasta ahora autosuficiente desde el punto de vista financiero, y no sólo eso sino que existe un fondo de reserva de más de sesenta mil millones de euros para amortiguar los ciclos económicos negativos.

Esa solvencia económica es la que hace al sistema apetecible desde el punto de vista político (en Argentina el gobierno acabó metiendo mano en la caja única para resolver problemas de financiación pública), y es la que justifica las peticiones reiteradas de la patronal de reducir la aportaciones como único recurso para mejorar la productividad, como si no hubiera otras variables más importantes, como la moderación en el beneficio, por ejemplo.

El Acuerdo de Pensiones firmado por los sindicatos en el otoño pasado (Acuerdo Social y  Económico), ése que viene siendo tan denostado en los medios, tiene la virtualidad de que garantiza que el sistema va a seguir funcionando como hasta ahora (con algún recorte en las cantidades que se perciben  y con algunas mejoras, por ejemplo la integración del Régimen Especial Agrario en el Régimen General) al menos hasta el 2030. Ese acuerdo nos previene, por tanto, de la privatización de la previsión social, y garantiza las sostenibilidad futura del sistema público que ahora tenemos.

Pues bien ahora es nada menos que la Comisión Europea, que se supone que es el gobierno de los europeos, la que recomienda al gobierno español que meta mano en la Caja única, reduciendo las aportaciones patronales, y aconseja  compensarse esta pérdida de ingresos con una subida del IVA. Es decir éstos que nos deberían defender pretenden,  una vez más, que las rentas del trabajo (la seguridad social es propiedad del conjunto de los trabajadores) disminuyan y que, en consecuencia,  aumenten las rentas del capital (disminuyendo las aportaciones patronales).

Sin duda la Comisión Europea está mucho más preocupada de que los bancos alemanes y franceses cobren que del bienestar de los ciudadanos europeos. El embate que ha realizado sobre el sistema social español es muy serio. Por ahora el gobierno ha resistido, pero no podrá hacerlo sólo.

Es gratificante y esperanzador el sesgo que ha tomado el movimiento de jóvenes 15M, que hoy mismo se ha plantado en el Congreso de los Diputados protestando contra la Reforma Laboral. Por fin algunos jçovenes han perdido el miedo a hacer POLÍTICA con mayúsculas. Espero y confío en que el movimiento pierda la tibieza de la ambigüedad cómoda que ha tenido hasta ahora y tome partido por la sociedad española, por sus derechos sociales y contra el neoliberalismo que ahora mismo parece imbatible. Hace falta.

Me atrevo a aconsejar la lectura reflexiva del Manifiesto Conjunto de UGT y CCOO sobre las políticas sociales europeas: http://www.ccoo.es/comunes/temp/recursos/1/965092.pdf