Antonio Pozo ha explicado que la Junta argumenta ahora que deben cambiar el nombre de su pueblo en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica para poder aprobar el informe. El alcalde niega que la Ley afecte directamente a los nombres de localidades y tiene un informe jurídico que lo avala.

Antonio Pozo Pitel realiza una lectura política de esta decisión y asegura que se debe a intereses electorales. “Quieren ganar en los despachos lo que no pueden ganar en las urnas”, señala. Recuerda que en las entidades locales menores, como es este caso, el alcalde se elige por votación entre sus vecinos. “Es intolerable el acoso que sufrimos los alcaldes del PP por parte de la Junta de Extremadura”, indica.