El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Badajoz da la razón a la denuncia puesta por Antonio Pozo Pitel contra la Diputación de Badajoz y obliga a esta a pagar los 76.500 euros que le corresponden por las subvenciones del Plan Dinamiza que le había sido denegados al Ayuntamiento de Guadiana argumentando que incumplía la Ley de Memoria Histórica.

La jueza María Angustias Marroquín impone finalmente a la Diputación que abone la subvención denegada, ya que considera incuestionable que privar al municipio de ese dinero, destinado a obras y equipamientos, gastos corrientes y para el fomento de la competitividad y el empleo, desprotege al interés general de la población, que debe ser lo que más se proteja.

La sentencia no impone costas a ninguna de la dos partes.

Esta sentencia se suma a la pronunciada hace sólo unos días en las que se daba la razón al Ayuntamiento de Badajoz en la demanda interpuesta contra Diputación también a costa de la denegación de una subvención por motivos de incumplir la Ley de Memoria Histórica.

Decidía el juez en este caso que  “la denegación de ayudas a los municipios constituye una sanción para la que se debería haber elaborado un expediente administrativo que no se dio, por lo que se incumple de manera flagrante la Ley general de Subvenciones.”

El presidente de Diputación, Miguel Ángel Gallardo, ha señalado que su criterio seguirá siendo el mismo, el de vinculación de las subvenciones al cumplimiento de la Memoria Histórica, hasta que haya una sentencia firme de la última instancia judicial”.