La Junta de Gobierno acuerda la ejecución de una sentencia contra una funcionaria
Esta mañana, la Junta de Gobierno Local, ha tomado el acuerdo de la ejecución de la Sentencia, dictada por la sección Tercera de la Audiencia Provincial contra la funcionaria Doña Francisca de Asís Rodríguez, en la que se aprueba la liquidación de la condena practicada a la penada e inhabilitación especial para empleo o cargo público con fecha de inicio 24 de mayo de 2017 y fecha de fin 18 de noviembre de 2020.
Esta ejecución de sentencia lleva aparejada, además, la pérdida de condición de funcionaria, como así lo indican los informes pertinentes, en aplicación del artículo 63.e) del Estatuto Básico del Empleado Público que dice lo siguiente “La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial por cargo público que tuviere carácter firme”.
A esta empleada pública se le ha impuesto esta condena como autora de un delito de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos y como autora de un delito de blanqueo de capitales.
"Este Equipo de Gobierno, a diferencia del anterior gobierno del Partido Popular, desde que tuvo conocimiento de que esta funcionaria estaba siendo investigada por los delitos referidos, y con el fin de no hacer dejación de las funciones que le corresponden como tal, se personó contra ella y, además, según establece la Ley, le abrió expediente disciplinario" han manifestado desde el Ayuntamiento.
"Todo ello al objeto de velar por los intereses del Ayuntamiento de Mérida y, por consiguiente, de toda la ciudadanía emeritense", han recalcado.
Esta ejecución de sentencia lleva aparejada, además, la pérdida de condición de funcionaria, como así lo indican los informes pertinentes, en aplicación del artículo 63.e) del Estatuto Básico del Empleado Público que dice lo siguiente “La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial por cargo público que tuviere carácter firme”.
A esta empleada pública se le ha impuesto esta condena como autora de un delito de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos y como autora de un delito de blanqueo de capitales.
"Este Equipo de Gobierno, a diferencia del anterior gobierno del Partido Popular, desde que tuvo conocimiento de que esta funcionaria estaba siendo investigada por los delitos referidos, y con el fin de no hacer dejación de las funciones que le corresponden como tal, se personó contra ella y, además, según establece la Ley, le abrió expediente disciplinario" han manifestado desde el Ayuntamiento.
"Todo ello al objeto de velar por los intereses del Ayuntamiento de Mérida y, por consiguiente, de toda la ciudadanía emeritense", han recalcado.
