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Agustín Vega Cortes | 202
Domingo, 07 de Noviembre de 2010

Supuestas tradiciones étnicas · Agustín Vega Cortes · Presidente de Opinión Romaní

“Ya es hora de que se deje de utilizar el respeto a unas supuestas tradiciones étnicas, como cobertura para justificar la desidia y la inoperancia de las Administraciones Publicas,”

Que una niña sea madre a los 10 años, es una verdadera aberración desde cualquier punto de vista, y nada ni nadie pueden justificar que ocurra algo así. Por eso el Estado debe hacer todo lo posible para proteger a los niños, e impedir que estos hechos se produzcan, de la misma forma que debe hacer con los casos de abusos sexuales de menores por parte de profesores o cuidadores pederastas, de padres que abusan de sus hijas, o de prostitución infantil. En todos se debe aplicar la ley con el rigor que sea necesario.

Pero destacar el hecho de que se trate de una familia rumana y de etnia gitana, es algo completamente injusto y claramente racista, que, como siempre, esta dando motivos para que se criminalice al conjunto de las persona que pertenecen a esa etnia. Por eso, las declaraciones del Defensor del Menor de Andalucía, en el sentido de que “hay que informar a los rumanos y a los gitanos sobre los riesgo de los embarazos en menores de edad”, son unas declaraciones totalmente impropias de su cargo, y absolutamente desafortunadas, pues si hay que hacer esa labor de información, debe dirigirse al conjunto de la sociedad en general, pues según el Instituto Nacional de Estadística, casi 200 niñas menores de 15 años, dieron a luz en España el año pasado, 42 de ellas en Andalucía.

Si ese trabajo de información y concienciación, debe ser mas intenso entre determinados grupos de personas, los criterios de selección deben ser exclusivamente de tipo socioeconómicos y nunca étnicos, pues precisamente, ese principio segregacionista que inspira las políticas sociales dirigidas a los grupos de gitanos marginados, es la causa de su rotundo fracaso, tanto es España como en Andalucía, donde ingentes recursos económicos, se dilapidan cada año en una maraña de organismos públicos perfectamente inútiles, así como de entidades privadas, que han hecho de la supuesta integración de los gitanos marginados, con los que no se cuenta para nada, un verdadero negocio.

Ya es hora de que se deje de utilizar el respeto a unas supuestas tradiciones étnicas, como cobertura para justificar la desidia y la inoperancia de las Administraciones Publicas, cuya obligación primera es garantizar que todos los niños reciban, de forma efectiva, una educación y una formación suficientes para que, superando las barreras de la pobreza y de la marginación en la que hayan podido nacer algunos de ellos, puedan desarrollase como personas y alcanzar una vida digna. Ese derecho debe garantizarse a cada niño como tal, visto desde su propia individualidad, sin permitir que ningún condicionante de tipo cultural o familiar anule sus derechos como persona.

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