El jurista extremeño nació en Berlanga y allí serán esparcidas sus cenizas
Día de luto oficial en Berlanga tras el fallecimiento de Francisco Rubio Llorente
El mundo de la judicatura y de la política despide a Francisco Rubio Llorente. Este ilustre extremeño ha fallecido a sus 85 años de un infarto. Rubio Llorente fue presidente del Consejo de Estado entre 2004 y 2012 y recibió la medalla de Extremadura en 2008. Su pueblo natal, Berlanga, ha decretado un día de luto oficial.
Según publica el diario El Mundo, su defensa del Estado de Derecho nunca estuvo reñida con una apertura franca a la reforma de las leyes. Su pensamiento no brotaba del dogmatismo, sino de la cultura del diálogo.
Rubio Llorente, referente progresista del constitucionalismo español contemporáneo, murió este sábado en Madrid víctima de un infarto. Contaba 85 años y una trayectoria cimentada en la formación, el rigor y el talante moderado.
Pacense de nacimiento, se doctoró en Derecho y era diplomado del Instituto de Sociología y Psicología de la Universidad de Colonia (Alemania), y del Instituto de Estudios Políticos de París. Bebió de la instrucción del profesor Eduardo García de Enterría e impartió clases en la Universidad Central de Venezuela. En 1956 logró una plaza de funcionario en el Ministerio de Educación.
La Transición fue el periodo en el que eclosionó. Ejerció de secretario general del Congreso entre 1977 y 1979. Y, un año después, fue nombrado magistrado del Tribunal Constitucional a propuesta del Congreso de los Diputados. El 6 de marzo de 1989 se convirtió en vicepresidente del Alto Tribunal, en sustitución de Gloria Begué. Ocupó este cargo hasta julio de 1992, coincidiendo con el mandato de Francisco Tomás y Valiente, asesinado por ETA en 1996. Su solvencia profesional y su altura intelectual, en su calidad de letrado de las Cortes y catedrático de Derecho Constitucional emérito por la Universidad Complutense de Madrid, le granjearon un halo de seriedad que nunca le abandonó.
Tras el regreso del PSOE al Gobierno, en marzo de 2004, Rubio Llorente fue nombrado presidente del Consejo de Estado. Durante su mandato, acometió una reforma a fondo de la institución, se aprobó la incorporación de los ex presidente del Gobierno y se dotó a este órgano de nuevas funciones, como la elaboración de informes y estudios por encargo del Ejecutivo.
Según publica el diario El Mundo, su defensa del Estado de Derecho nunca estuvo reñida con una apertura franca a la reforma de las leyes. Su pensamiento no brotaba del dogmatismo, sino de la cultura del diálogo.
Rubio Llorente, referente progresista del constitucionalismo español contemporáneo, murió este sábado en Madrid víctima de un infarto. Contaba 85 años y una trayectoria cimentada en la formación, el rigor y el talante moderado.
Pacense de nacimiento, se doctoró en Derecho y era diplomado del Instituto de Sociología y Psicología de la Universidad de Colonia (Alemania), y del Instituto de Estudios Políticos de París. Bebió de la instrucción del profesor Eduardo García de Enterría e impartió clases en la Universidad Central de Venezuela. En 1956 logró una plaza de funcionario en el Ministerio de Educación.
La Transición fue el periodo en el que eclosionó. Ejerció de secretario general del Congreso entre 1977 y 1979. Y, un año después, fue nombrado magistrado del Tribunal Constitucional a propuesta del Congreso de los Diputados. El 6 de marzo de 1989 se convirtió en vicepresidente del Alto Tribunal, en sustitución de Gloria Begué. Ocupó este cargo hasta julio de 1992, coincidiendo con el mandato de Francisco Tomás y Valiente, asesinado por ETA en 1996. Su solvencia profesional y su altura intelectual, en su calidad de letrado de las Cortes y catedrático de Derecho Constitucional emérito por la Universidad Complutense de Madrid, le granjearon un halo de seriedad que nunca le abandonó.
Tras el regreso del PSOE al Gobierno, en marzo de 2004, Rubio Llorente fue nombrado presidente del Consejo de Estado. Durante su mandato, acometió una reforma a fondo de la institución, se aprobó la incorporación de los ex presidente del Gobierno y se dotó a este órgano de nuevas funciones, como la elaboración de informes y estudios por encargo del Ejecutivo.
