Hoy se ha reanudado, en la Audiencia Provincial de Badajoz, el juicio para dirimir las presuntas irregularidades que acabaron con la cooperativa Caval de Valdelacalzada. Tras la suspensión del juicio, a principios de año, se reanudan las declaraciones, en las que están citadas 30 testigos y más de una decena de peritos. El ministerio fiscal pidió para Manuel García Gonzalez, exgerente de Caval y principal acusado, 19 años de prisión por seis delitos distintos: tres contra la hacienda pública, un presunto delito de administración desleal continuado,  un fraude de subvenciones y una  apropiación indebida.

Según la agencia EFE, el exgerente de Caval, Manuel García ha atribuido a las "injerencias políticas" el origen del fin de la agrupación, así como a los gestores que le sucedieron.

Hoy se ha iniciado en la Audiencia Provincial de Badajoz el juicio contra Manuel García y contra el exdirector comercial de la cooperativa de Valdelacalzada Manuel Corrales y de la mujer de éste, Carmen Teixeira.

Manuel García está acusado de delitos contra la hacienda pública, apropiación indebida, fraude en subvenciones, administración desleal y falsedad contable, entre otros. El fiscal pide 19 años de prisión para él, que la acusación particular eleva a 33 años.

En una larga declaración, que se ha prolongado durante toda la mañana, García ha asegurado que él no tenía la capacidad decisoria que le atribuyen la Fiscalía y los abogados del Estado, la Junta de Extremadura y socios de Caval.

El exgerente ha argumentado que el origen de la problemática con Caval es "político" y que las personas que le sucedieron en la gestión de la cooperativa en 2010 "no fueron capaces de dirigir" el proyecto a buen puerto.

Así, ha explicado que la deuda de 2010, que ascendía a unos 24 millones de euros, 14 más que en 2009, no adolece al descubrimiento de las irregularidades de su gestión anterior, sino a decisiones erróneas posteriores.

Además, ha indicado que ejercía las funciones de gerente aunque realmente no disponía de un cargo oficial, y que de él no dependían ni la contabilidad, ni las relaciones con los bancos ni las subvenciones.

Los consejos de dirección y rector de la cooperativa eran quienes tomaban las decisiones, ha manifestado García, quien ha subrayado que en ningún momento ocultó información a los socios.

Sin embargo, la abogada de los cooperativistas, Rosalía Perera, le ha preguntado cómo es posible entonces que todos los testigos de este largo procedimiento, iniciado hace más de cinco años, indiquen que en Caval "no se cambiaba ni un baldosín sin su consentimiento".

El exgerente de Caval ha negado igualmente la relación comercial entre Extremadura de Frutas, firma de su propiedad, y Caval, y ha dicho que la inspección fiscal solo detectó en aquélla una infracción de 1.439 euros en concepto de IVA.

Una cantidad "nimia" para pensar que hubiera irregularidades relacionadas entre Extremadura de Frutas y Caval.

Sin embargo, y como ha dicho García, la inspección le impuso una de sanción de 1,52 millones de euros por los citados 1.439 euros detectados en la inspección.

También ha negado que la asesoría de su propiedad, Seasa, redactara y presentara las declaraciones fiscales de Caval, pues la cooperativa tenía hasta su propio código telemático para llevarlas a cabo.

Mañana declararán Manuel Corrales y Carmen Teixeira, a quienes se les acusa de delitos de apropiación indebida, entre otros. En el caso de Corrales, el fiscal solicita siete años de cárcel y la acusación diez, mientras que para su mujer reclaman tres y seis años de prisión, respectivamente.

El juicio ha sido seguido atentamente por los socios de Caval perjudicados por la quiebra de la cooperativa, que han incidido en las "repercusiones negativas" para su comarca.