La sostenibilidad del sistema público de salud es una cuestión discutida en el conjunto de las CC.AA. Ya no se habla sólo de privatizar centros o del copago, se habla de reestructura el sistema. Los datos reflejan un gasto que van al alza mientras el número de pacientes también se incrementa. Pero el problema recoge envergadura cuando no viene acompañado por recursos económicos. Es ahí donde ya la diversidad de opiniones reconocen ver en peligro un sistema público de salud ejemplar dentro de las economías de Occidente.

Entre las soluciones más urgentes están los recortes, pero ¿por dónde comenzar?
Una solución es partir de una reestructuración del sistema partiendo de una atención al paciente más estrecha; coordinación entre las bases de datos, de inicio entre la CC.AA. para luego a nivel estatal y si cabe, también a nivel dentro de la Unión Europea sobre el historial clínico de cada paciente. Esto aunque en principio habría que apuntar por la unión entre centros de atención primaria, centros de hospitales y hospitales también conlleva eliminación de trabas burocráticas entre a nivel interautonómico, y nacional entre estados de la Unión Europea. Dentro de éste apartado, tenemos que evaluar la conciencia en la ciudadanía sobre el uso del sistema público de salud, así como el consumo de fármacos entre otros productos farmacéuticos. Podemos llegar a la conclusión de que hay sectores de la población con un consumo mayor que otro y que a su vez este consumo se ve agravado tanto por quienes recurren a su médico de familia para que recete productos privados, bien de medicina privada así como el “autorec etaje” entre algunos pacientes, ya se podría controlar quienes consumen fármacos sólo de manera esporádica y los almacenan al igual del reciclado de estos medicamentos, como por ejemplo ¿cuánta cantidad vuelve al sistema público, cuánta para el segundo y tercer mundo, y cuánta para destruir?

Reducir el gasto y la privatización conduce más a la creación de un sistema segmentado por estratos sociales, con un trato más cercano para quien disponga de mayor poder adquisitivo y otro más masificado y burocratizado para clases medias y trabajadoras. La pregunta ahí sería que hacer con colectivos tanto en riesgo de exclusión como aquellos que lo estén como personas indocumentadas, indigentes, desempleados de largo duración ¿tendrían que hacer trámites específicos?¿conllevaría en un futuro al pago de alguna tasa especifica? En conjunción los anteriores interrogantes en las respuestas habría que valor si el derecho a la salud fuera un derecho sin impo rtar su capacidad económica o situación personal, así como quienes por cualquier motivo lo estén pasando peor y viven en condiciones lamentables, la equidad podría dejarse de tomar en cuenta

Por último, si vamos a recurrir a la iniciativa privada, también puede ser una opción la introducción de bonos en subastas públicas con intereses preferentes. Inversores públicos o privados que se comprometen a pagar una suma por cada resultado logrado, y al mismo tiempo estos resultados bajan los costes a las arcas públicas. Este enfoque para inversores moderados, con poco riesgo y con afinidad filantrópica se puede trazar de inicio a la investigación en enfermedades raras, a la medicina preventiva y luego ir incorporando para investigación en fármacos más eficaces y menos invasivos en enfermedades crónicas. Un valor añadido es si el Estado hiciera efectiva menor carga fiscal hacia estos inversores por los beneficios que obtuvieran o en otro caso, desgravaci ones a estos inversores audaces.
En definitiva, el asunto, que bajo un prisma simplista sería recortar el gasto público necesita aportaciones audaces para seguir siendo un sistema de todos para todos, un elemento de cohesión para garantizar la necesidad universal de la salud.