La Ley educativa nace muerta
La LOMCE (Ley Orgánica para Mejora de la
Calidad Educativa) ha terminado su trámite parlamentario y ha sido aprobada. Se
constituye, pues, como la ley que ordena el sistema educativo en España.
Se ha aprobado sin consenso, con la mayoría
absoluta que las elecciones de 2011 otorgaron al Partido Popular. El Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte ha utilizado esta mayoría absoluta como
justificante legítimo de su imposición a todas las demás fuerzas políticas, y a
la mayoría de la comunidad educativa, que vienen clamando, reclamando y
protestando contra la ley.
Pero en una ley tan importante, que orienta el
destino de nuestra nación hacia el futuro, es importante el consenso. La misma
razón que esgrime el Partido Popular, la de la mayoría electoral, puede ser
esgrimida por los demás fuerzas
políticas para derogarla tras las próximas elecciones y quedarla en nada. Ya
ocurrió en el año 2002 con la LCE, y es lo que han anunciado esas fuerzas
políticas opuesta a la LOMCE: todas menos el PP.
Una vez más el PP ha elegido vencer antes que
convencer. Da envidia ver cómo en Alemania se ha organizado una coalición de
mayorías con los dos partidos mayoritarios, el CDU de Ángela Merkel y los
socialista del SPD. Se ponen de acuerdo en los grandes consensos que interesan
a la ciudadanía. Aquí no. En España todo ha de ser inquina y enfrentamiento, ni
siquiera la ley educativa merece ser consensuada.
El intento de acuerdo político y social por la
educación que se produjo en la primavera del 2010, gestionado por el equipo del
ministro Gabilondo, no tuvo éxito. Había consenso de las fuerzas políticas, de
los sindicatos y de las asociaciones de madres y padres. Incluso habían
aceptado el principio de acuerdo los centros educativos privados. Pero el
Partido Popular se opuso: ahora se comprenden las razones.
El
abogado Antonio Garrigues Walker, en una entrevista reciente con motivo del
aniversario de la Constitución, dice que" los políticos, en España, viven
en una burbuja, y que todas las burbujas acaban estallando". Si los
políticos no atienden a las necesidades ciudadanas, como lo es la estabilidad
del sistema educativo, serán los ciudadanos lo que terminen corriéndolos a ellos
a gorrazos.
La LOMCE (Ley Orgánica para Mejora de la Calidad Educativa) ha terminado su trámite parlamentario y ha sido aprobada. Se constituye, pues, como la ley que ordena el sistema educativo en España.
Se ha aprobado sin consenso, con la mayoría absoluta que las elecciones de 2011 otorgaron al Partido Popular. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha utilizado esta mayoría absoluta como justificante legítimo de su imposición a todas las demás fuerzas políticas, y a la mayoría de la comunidad educativa, que vienen clamando, reclamando y protestando contra la ley.
Pero en una ley tan importante, que orienta el destino de nuestra nación hacia el futuro, es importante el consenso. La misma razón que esgrime el Partido Popular, la de la mayoría electoral, puede ser esgrimida por los demás fuerzas políticas para derogarla tras las próximas elecciones y quedarla en nada. Ya ocurrió en el año 2002 con la LCE, y es lo que han anunciado esas fuerzas políticas opuesta a la LOMCE: todas menos el PP.
Una vez más el PP ha elegido vencer antes que convencer. Da envidia ver cómo en Alemania se ha organizado una coalición de mayorías con los dos partidos mayoritarios, el CDU de Ángela Merkel y los socialista del SPD. Se ponen de acuerdo en los grandes consensos que interesan a la ciudadanía. Aquí no. En España todo ha de ser inquina y enfrentamiento, ni siquiera la ley educativa merece ser consensuada.
El intento de acuerdo político y social por la educación que se produjo en la primavera del 2010, gestionado por el equipo del ministro Gabilondo, no tuvo éxito. Había consenso de las fuerzas políticas, de los sindicatos y de las asociaciones de madres y padres. Incluso habían aceptado el principio de acuerdo los centros educativos privados. Pero el Partido Popular se opuso: ahora se comprenden las razones.
El abogado Antonio Garrigues Walker, en una entrevista reciente con motivo del aniversario de la Constitución, dice que" los políticos, en España, viven en una burbuja, y que todas las burbujas acaban estallando". Si los políticos no atienden a las necesidades ciudadanas, como lo es la estabilidad del sistema educativo, serán los ciudadanos lo que terminen corriéndolos a ellos a gorrazos.