Freapa-CP se opone a la privatización de la enseñanza en Extremadura
La federación Regional Extremeña de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnado de Centros Públicos (FREAPA-CP) muestra su preocupación por la tendencia ascendente de la privatización de la enseñanza en Extremadura, rompiendo el equilibro hasta ahora existente de un 80% pública y 20% privada-concertada.
Igualmente se opone
a la desaparición de un centro público en
Cabeza del Buey, al tomar el gobierno extremeño el acuerdo de fusionar los
CEIP Muñoz Torrero y Extremadura en uno solo, alegando que al bajar el número de alumnado en la
localidad no es necesaria la oferta de tres centros educativos, y sin embargo
en vez de suprimir el concierto educativo con el colegio privado, opta por cerrar
un centro educativo público.
Resulta
absolutamente ilógico y contrario al sentido común, que teniendo las
instalaciones educativas y la plantilla de profesorado adecuada, el Gobierno extremeño
tome la decisión de cerrar un centro público y desplazar al personal docente,
para alquilar el servicio educativo a una empresa privada. Es como si alguien
que tuviese una buena vivienda de su propiedad en Cabeza del Buey, se gastase
el dinero en alquilar otra dejando la suya deshabitada.
La federación nunca
se ha opuesto a que cualquier empresa, orden religiosa o cooperativa, ponga en
marcha un negocio como es la creación de
un centro educativo privado allí donde crea conveniente, pero siempre
hemos mantenido la misma posición de rechazo a la concertación de la enseñanza
privada, allí donde exista la suficiente oferta de plazas en la escuela pública.
Por el contrario nos oponemos a que la
educación, como un servicio público reconocido por ley orgánica, quede en manos
privadas y se convierta en un negocio que se alquila al mejor postor.
Este es el espíritu de toda la normativa
relacionada con los conciertos educativos desde la publicación de la Ley
Orgánica de Educación (LODE) en 1985, la cual contempla en su artículo 48 la
posibilidad de concertar la enseñanza con centros privados allí donde no
llegase la oferta educativa pública, “teniendo preferencia para acogerse al
régimen de conciertos aquellos centros que satisfagan necesidades de
escolarización o atiendan a población escolar en condiciones socioeconómicas
desfavorables”.
Desde freapa defendemos, como no
puede ser de otra manera, la libertad de los padres de educar a sus hijos según
sus propias convicciones según recoge la Constitución, pero esto no significa
que el Estado ni la Comunidad Autónoma tengan que pagar ese derecho. Por este
razonamiento, las familias podríamos elegir el centro educativo de Extremadura
que quisiéramos y la Consejería tendría que pagar el transporte escolar.
Igualmente se opone a la desaparición de un centro público en Cabeza del Buey, al tomar el gobierno extremeño el acuerdo de fusionar los CEIP Muñoz Torrero y Extremadura en uno solo, alegando que al bajar el número de alumnado en la localidad no es necesaria la oferta de tres centros educativos, y sin embargo en vez de suprimir el concierto educativo con el colegio privado, opta por cerrar un centro educativo público.
Resulta absolutamente ilógico y contrario al sentido común, que teniendo las instalaciones educativas y la plantilla de profesorado adecuada, el Gobierno extremeño tome la decisión de cerrar un centro público y desplazar al personal docente, para alquilar el servicio educativo a una empresa privada. Es como si alguien que tuviese una buena vivienda de su propiedad en Cabeza del Buey, se gastase el dinero en alquilar otra dejando la suya deshabitada.
La federación nunca se ha opuesto a que cualquier empresa, orden religiosa o cooperativa, ponga en marcha un negocio como es la creación de un centro educativo privado allí donde crea conveniente, pero siempre hemos mantenido la misma posición de rechazo a la concertación de la enseñanza privada, allí donde exista la suficiente oferta de plazas en la escuela pública. Por el contrario nos oponemos a que la educación, como un servicio público reconocido por ley orgánica, quede en manos privadas y se convierta en un negocio que se alquila al mejor postor.
Este es el espíritu de toda la normativa relacionada con los conciertos educativos desde la publicación de la Ley Orgánica de Educación (LODE) en 1985, la cual contempla en su artículo 48 la posibilidad de concertar la enseñanza con centros privados allí donde no llegase la oferta educativa pública, “teniendo preferencia para acogerse al régimen de conciertos aquellos centros que satisfagan necesidades de escolarización o atiendan a población escolar en condiciones socioeconómicas desfavorables”.
Desde freapa defendemos, como no puede ser de otra manera, la libertad de los padres de educar a sus hijos según sus propias convicciones según recoge la Constitución, pero esto no significa que el Estado ni la Comunidad Autónoma tengan que pagar ese derecho. Por este razonamiento, las familias podríamos elegir el centro educativo de Extremadura que quisiéramos y la Consejería tendría que pagar el transporte escolar.
