El borrador de la nueva Ley de Servicios Sociales estará listo en abril y se someterá a consulta para que goce del máximo consenso
El director general de Política Social y Familia, Juan Bravo, ha anunciado que el borrador de la nueva Ley de Servicios Sociales de Extremadura estará listo el próximo mes de abril, y ha adelantado la puesta en marcha de un proceso de diálogo con los diferentes agentes para que el texto llegue al Parlamento con el máximo consenso social.
Bravo ha hecho este anuncio en la Comisión de Salud y Política Social
del Parlamento extremeño, donde ha informado sobre la elaboración de
esta norma, que actualizará una ley que data de 1987.
Tras veinticinco años de vigencia, se ha convertido “en una ley
obsoleta e incapaz de dar solución a los problemas y situaciones que en
materia social demandan actualmente los extremeños, especialmente
aquellos que más necesidades tienen”, ha aseverado Bravo, que ha
recordado que con esta nueva norma se cumple uno de los compromisos
asumidos por el Gobierno de Extremadura con los ciudadanos.
Según ha explicado, un grupo de trabajo constituido por técnicos de
la Consejería de Salud y Política Social y de la Administración Pública
trabajan en la elaboración de esta norma, cuyo borrador estará concluido
en el mes de abril.
La voluntad del Ejecutivo es que la nueva Ley de Servicios Sociales
se convierta desde su inicio “en una propuesta con vocación de
consenso”, por lo que en próximas fechas se abrirá un proceso
participativo y de debate con los agentes sociales, los partidos
políticos, la Plataforma del Tercer Sector, las entidades locales y los
colegios profesionales, entre otros colectivos.
La intención, ha subrayado el director general, es que la ley recoja
propuestas y respuestas ajustadas a la realidad social e institucional
de la Comunidad Autónoma y “sustentadas en el mayor consenso social
posible”.
COMPROMISO PRESUPUESTARIO
Durante su intervención, Juan Bravo ha recordado además el “esfuerzo”
que realiza la Consejería de Salud y Política Social para el
mantenimiento de los Servicios Sociales de Base (SSB), como demuestra
que este año incrementará su aportación en cerca de 640.000 euros, hasta
los 5.076.431 euros, para paliar la merma de los fondos estatales en
esta misma cuantía.
“El Gobierno de Extremadura lo está financiando con recursos propios
en un contexto económico dificilísimo y eso se llama compromiso”, ha
aseverado Bravo, recriminando al Grupo Socialista que denuncie una
desatención de los SSB cuando el PSOE, durante su etapa en el Gobierno,
“los financiaban con dinero del Estado y de Europa”.
Asimismo, ha recordado el Acuerdo de Política Social firmado por el
anterior Gobierno y los agentes sociales en 2008, y con vigencia hasta
2011, que incluía entre sus puntos la elaboración de una nueva Ley de
Servicios Sociales, una ley que finalmente no se puso en marcha pese a
que se incluyó en aquella “pantomima de diálogo social”. Ahora, ha
concluido, “pretenden redimir sus incumplimientos con la sociedad en una
política de regate corto”.
Bravo ha hecho este anuncio en la Comisión de Salud y Política Social del Parlamento extremeño, donde ha informado sobre la elaboración de esta norma, que actualizará una ley que data de 1987.
Tras veinticinco años de vigencia, se ha convertido “en una ley obsoleta e incapaz de dar solución a los problemas y situaciones que en materia social demandan actualmente los extremeños, especialmente aquellos que más necesidades tienen”, ha aseverado Bravo, que ha recordado que con esta nueva norma se cumple uno de los compromisos asumidos por el Gobierno de Extremadura con los ciudadanos.
Según ha explicado, un grupo de trabajo constituido por técnicos de la Consejería de Salud y Política Social y de la Administración Pública trabajan en la elaboración de esta norma, cuyo borrador estará concluido en el mes de abril.
La voluntad del Ejecutivo es que la nueva Ley de Servicios Sociales se convierta desde su inicio “en una propuesta con vocación de consenso”, por lo que en próximas fechas se abrirá un proceso participativo y de debate con los agentes sociales, los partidos políticos, la Plataforma del Tercer Sector, las entidades locales y los colegios profesionales, entre otros colectivos.
La intención, ha subrayado el director general, es que la ley recoja propuestas y respuestas ajustadas a la realidad social e institucional de la Comunidad Autónoma y “sustentadas en el mayor consenso social posible”.
COMPROMISO PRESUPUESTARIO
Durante su intervención, Juan Bravo ha recordado además el “esfuerzo” que realiza la Consejería de Salud y Política Social para el mantenimiento de los Servicios Sociales de Base (SSB), como demuestra que este año incrementará su aportación en cerca de 640.000 euros, hasta los 5.076.431 euros, para paliar la merma de los fondos estatales en esta misma cuantía.
“El Gobierno de Extremadura lo está financiando con recursos propios en un contexto económico dificilísimo y eso se llama compromiso”, ha aseverado Bravo, recriminando al Grupo Socialista que denuncie una desatención de los SSB cuando el PSOE, durante su etapa en el Gobierno, “los financiaban con dinero del Estado y de Europa”.
Asimismo, ha recordado el Acuerdo de Política Social firmado por el anterior Gobierno y los agentes sociales en 2008, y con vigencia hasta 2011, que incluía entre sus puntos la elaboración de una nueva Ley de Servicios Sociales, una ley que finalmente no se puso en marcha pese a que se incluyó en aquella “pantomima de diálogo social”. Ahora, ha concluido, “pretenden redimir sus incumplimientos con la sociedad en una política de regate corto”.
