CSI-F no considera aceptable que se recorte por la parte más débil, el trabajador, y no se intente controlar más el gasto público. Ninguno de los 81 trabajadores incluidos en el ERE del consistorio emeritense tiene porque pagar con su trabajo la mala gestión política de los recursos del ayuntamiento.

Con este ERE, el Gobierno local de Mérida vuelve a cargar sobre los empleados públicos las medidas de sacrificio en la salida de la crisis cuando lo que deberían hacer es garantizar el servicio público que tienen que prestar al ciudadano y que tienen que servir para crear empleo y no para lo contrario.

CSI-F advierte de que la administración no debe responder a criterios mercantilistas, sino de eficacia, eficiencia en el servicio al bien común y a los intereses generales.