“Si todo va bien y los trámites se desarrollan con la urgencia prevista, estamos hablando de que antes de que finalice el mes de marzo tendremos en la Cámara extremeña el proyecto de ley”, ha afirmado Hernández Carrón, a preguntas de los periodistas, en rueda de prensa en Mérida.

Tras informar de que el Consejo de Gobierno emitió ayer su pronunciamiento previo sobre el borrador de la ley, el consejero ha detallado que ahora el texto será elevado al Consejo Consultivo para que elabore su informe preceptivo, tal y como establece la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

En este paso, ha aclarado, también se ha actuado por trámite de urgencia con la previsión de que este órgano pueda tener listo su informe en quince días.

Tras ello, el texto regresará de nuevo al Consejo de Gobierno para su aprobación definitiva y, acto seguido, será remitido al Parlamento como proyecto de ley, previsiblemente antes de que finalice el mes de marzo.

EL CONSENSO, CLAVE DE CELERIDAD

La pretensión del Gobierno extremeño, ha indicado el consejero, es que la tramitación parlamentaria se realice también con la “máxima celeridad” y, en este punto, ha recordado su disposición a que se cree una mesa de negociación integrada por el Gobierno y los grupos parlamentarios “para ponernos de acuerdo lo antes posible”.

En este sentido, ha incidido en que si el proyecto de ley se tramita en lectura única -un procedimiento que puede proponer el Gobierno o cualquier grupo parlamentario con el consenso de la Junta de Portavoces- “la aprobación de la ley sería inmediata”, con lo que se acortarían “muchísimo” los plazos. Ello significa, ha resaltado Hernández Carrón, que “el consenso favorecerá la agilidad en la tramitación y la puesta en marcha de esta ley”.

Respecto a los plazos establecidos en la norma, ha precisado que el borrador de la ley fija un período máximo de tres meses para la resolución, a contar desde la fecha de presentación de la solicitud. No obstante, ha aclarado que en el caso de que una persona sea perceptora de las ayudas para la integración en situación de emergencia social (AISES), automáticamente recibirá la renta básica, con lo que en estos casos “ya tenemos un trabajo hecho”.

Por tanto, si la ley estuviera aprobada por la Cámara a mediados de abril -“todo dependerá de cómo se tramite”, ha insistido el consejero-, cabe la posibilidad de que “en mayo haya gente que esté cobrando la renta básica”, los perceptores actuales de las AISES. El resto de solicitudes, ha añadido, se tramitará con la “máxima celeridad”.

Respecto a las aportaciones realizadas a la norma en su período de exposición pública y por los distintos agentes con los que se ha reunido la Consejería de Salud y Política Social, Luis Alfonso Hernández Carrón ha explicado que se incorporarán durante el trámite parlamentario.

El consejero ha señalado que se ha trabajado en una doble vía, por un lado la administrativa, para lanzar el proyecto de ley y llevarlo al Parlamento “lo antes posible” tal y como salió de la Consejería; por otro lado, se ha desarrollado una labor de consulta y escucha, manteniendo reuniones con las plataformas del Tercer Sector y la Renta Básica, la patronal, los sindicatos y los colegios profesionales de trabajadores sociales.

MARGEN PARA LA NEGOCIACIÓN

Una vez en la Cámara, se podrán hacer incorporaciones al texto, tanto por parte del Gobierno como de los grupos parlamentarios, dentro de un proceso en el que “hay margen para la negociación”, ha afirmado el consejero.

Por otra parte, al ser preguntado por el Campamento Dignidad a favor de la renta básica levantado ante la oficina del Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE) en Mérida, ha mostrado su “respeto” y “comprensión” por la difícil situación que atraviesan muchas familias extremeñas.

Ha recordado el compromiso del Gobierno por agilizar los trámites para la puesta en marcha de la ley y ha aludido a los encuentros que tanto él, como el director general de Política Social y Familia, Juan Bravo, han mantenido con representantes de la Plataforma por la Renta Básica de Extremadura.

No obstante, ha aclarado que las demandas de este colectivo son “bastante irrealizables” dado que pedir una renta de 600 euros mensuales para 70.000 personas, tal y como ellos solicitan, “supondrían más de 500 millones de euros al año”. “Estamos hablando de 830.000 millones de pesetas, casi un billón de las antiguas pesetas”, una cifra para la que no hay estructura fiscal “que la pueda sostener”, ha agregado.

Sí existe, por el contrario, el compromiso del Ejecutivo regional para que Extremadura se incorpore a las comunidades autónomas con proyecto de Ley de Renta Básica, “pues somos la única que no tiene una ley de este tipo”, ha concluido.