CSI-F convoca a los 900 trabajadores de la Justicia extremeña a un paro el 20 de febrero coincidiendo con la huelga de jueces
CSI-F, sindicato mayoritario en el sector de la Justicia en Extremadura, y el resto de los sindicatos con representación en este ámbito, ha decidido convocar un paro y una concentración de carácter regional, en los juzgados de Badajoz, el próximo día 20 de febrero, en protesta por la privatización y el deterioro de la justicia. Una fecha que coincide con la huelga de jueces y fiscales anunciada por cinco asociaciones.
Esta convocatoria se produce tras diversas reuniones mantenidas con distintos representantes del ministerio de Justicia y en las que se han visto defraudadas las expectativas de negociación de los sindicatos.
CSI-F considera que el proyecto de reforma de los registros civiles no garantiza el carácter público del servicio, pone en peligro los puestos de trabajo del personal interino y supondrá la amortización de plazas. Este servicio público será asumido por los registradores de la propiedad. Además, el ministerio tampoco ha atendido las protestas y las miles de firmas ciudadanas en contra de la Ley de Tasas.
En este sentido, los sindicatos no tienen garantías para que se desarrolle un verdadero proceso de modernización de la justicia, la ampliación de los medios materiales y personales, así como el reconocimiento de funciones y condiciones laborales de los trabajadores.
Y es que en España hay más de 60.000 funcionarios de Justicia, de los que 900 trabajan en Extremadura, que mantienen en pie el funcionamiento de Juzgados y Tribunales, a pesar de la precariedad de medios.
CSI-F mantiene abierta su voluntad negociadora y emplaza al ministerio a reconducir su postura inmovilista. De lo contrario, se estudiarán nuevas medidas de presión a partir del próximo día 20.
Esta convocatoria se produce tras diversas reuniones mantenidas con distintos representantes del ministerio de Justicia y en las que se han visto defraudadas las expectativas de negociación de los sindicatos.
CSI-F considera que el proyecto de reforma de los registros civiles no garantiza el carácter público del servicio, pone en peligro los puestos de trabajo del personal interino y supondrá la amortización de plazas. Este servicio público será asumido por los registradores de la propiedad. Además, el ministerio tampoco ha atendido las protestas y las miles de firmas ciudadanas en contra de la Ley de Tasas.
En este sentido, los sindicatos no tienen garantías para que se desarrolle un verdadero proceso de modernización de la justicia, la ampliación de los medios materiales y personales, así como el reconocimiento de funciones y condiciones laborales de los trabajadores.
Y es que en España hay más de 60.000 funcionarios de Justicia, de los que 900 trabajan en Extremadura, que mantienen en pie el funcionamiento de Juzgados y Tribunales, a pesar de la precariedad de medios.
CSI-F mantiene abierta su voluntad negociadora y emplaza al ministerio a reconducir su postura inmovilista. De lo contrario, se estudiarán nuevas medidas de presión a partir del próximo día 20.
