Una protesta que se ha organizado para  denunciar la nueva Ley de Tasas Judiciales, la privatización del Registro Civil y en defensa del Servicio Público de la Justicia. Unas reformas que afectan tanto a los ciudadanos como a los más de 900 funcionarios de la Administración de Justicia que trabajan en los distintos órganos judiciales extremeños.
Al final de la manifestación, se entregarán firmas recogidas en todo el Estado -de las que más de 2.000 son de Extremadura- contra estos proyecto de reforma del Ministerio de Justicia que pretenden acabar con este servicio público esencial.
Ante esta situación, desde CSI-F reivindicamos la necesaria modernización de la Administración de Justicia,  y exigimos  al Gobierno el inicio de un diálogo con todos los afectados por estas reformas instándolo a modificar todos los aspectos que eliminan de golpe el derecho fundamental de acudir en condiciones de igualdad a la Justicia.