Defendemos que la Justicia siga siendo un Servicio Público que garantice el acceso a la misma de todos los ciudadanos en condiciones de igualdad, tal y como proclama la Constitución, que garantiza el principio de tutela judicial efectiva.
 
Nos oponemos a la Ley de Tasas Judiciales porque crea una justicia solo para una minoría privilegiada e impide el acceso a este derecho fundamental a la inmensa mayoría de la sociedad por no tener los recursos que dicha Ley establece.
 
Denunciamos el oscurantismo y el despotismo del Ministro de Justicia en la elaboración y tramitación de los proyectos de ley de reforma de la Administración de Justicia despreciando soberanamente a los profesionales  y empleados públicos que día a día somos los que mantenemos en pie el servicio público.
 
Nos oponemos a otros proyectos del Ministro de Justicia de reforma de esta Administración, que van a suponer un encarecimiento de la Justicia para los ciudadanos, que pagarán por unos servicios que ahora prestamos los empleados públicos de la Administración de Justicia de forma gratuita, al ser un Servicio Público indispensable.
 
Hacemos un llamamiento a todos los profesionales de la Administración de Justicia, Jueces, Fiscales, Abogados, Procuradores, ciudadanos usuarios de la Justicia, organizaciones sociales de defensa de los derechos ciudadanos, y, por supuesto, a todos los empleados públicos que prestan sus servicios en la Administración de Justicia a defender este Servicio Público indispensable