Ante las medidas de ajuste tomadas en personal por el Equipo de Gobierno en el mes de febrero, las centrales sindicales plantearon ante los juzgados un conflicto colectivo reclamando la nulidad de estos recortes.

Como indica la delegada de Personal, Leonor Nogales, “el juez se ha pronunciado y lo ha hecho dando la razón al consistorio en la gran mayoría de las reclamaciones. Se ha desestimado el recurso por el aumento de la jornada laboral y su aplicación, el de la supresión del complemento especial y también el de la supresión de mejoras laborales como prótesis o becas de estudios en el caso del personal funcionario”.

“Sin embargo, éste ultimo epígrafe no se ha desestimado en el caso del personal laboral, donde el juzgado ha fallado a favor de los sindicatos. La aplicación de esta medida en los 155 trabajadores laborales del consistorio redundaría en un ahorro de alrededor de 300.000 euros”.

Nogales aclaraba que “el juez ha estimado este punto del recurso porque para poder cambiar el articulado del Convenio Colectivo habría que haber denunciado primero la vigencia de dicho documento que no se revisa desde 1995. por eso, el paso que va a dar a hora el consistorio es pedir la nulidad de ese convenio ante la Consejería de Trabajo”.

La delegada de personal aclaraba que “esta acción es habitual en una administración o empresa cuando se quiere renovar o crear de nuevo un convenio colectivo y se trata de una figura que contempla la ley cuando alguna de las partes no esta de acuerdo con el contenido del documento”.

Además Leonor Nogales aseguraba que “si bien entiende que las centrales sindicales planteasen este conflicto colectivo para defender los intereses de los trabajadores, el Equipo de Gobierno está obligado a defender los derechos de todos los vecinos de Mérida, por cuyo beneficio se tomaron estas medidas”.