Durante su comparecencia ha recordado que el anteproyecto de ley que regula esta nueva fiscalidad persigue un doble objetivo: “favorecer la sostenibilidad ambiental del modelo energético nacional y garantizar la viabilidad económica del sistema eléctrico español”.

En este sentido ha destacado la necesidad de atajar el llamado ‘déficit tarifario’, que actualmente supera los 24.000 millones de euros. Un problema, ha dicho Juan José Cardesa, que requiere “una actuación urgente e integral que incida sobre el conjunto del sistema” y a la que es necesario que contribuyan “todos los actores del sistema”.
El director general de Incentivos Agroindustriales y Energía ha insistido en que es, por lo tanto, “un primer paso”. Por eso ha pedido al Gobierno que siga adelante con la reforma del sistema energético, fijando como prioridad “un suministro seguro de energía limpia al menor coste posible”.

Entre las medidas que a su juicio se deben adoptar de forma prioritaria ha destacado la regulación urgente del “balance neto de electricidad” y el establecimiento de un nuevo marco retributivo para la biomasa. También se ha mostrado partidario de que se garantice una mayor transparencia y nivel de detalle en la factura de la luz “para salvaguardar los derechos del consumidor”.

CARGA FISCAL INFERIOR A LA PREVISTA
Sobre el impuesto del 6% sobre la producción, establecido para todos los sectores energéticos, ha admitido que él es partidario de que se hubiese aplicado sobre los beneficios y no sobre las ventas, pero ha recordado que esa tasa es muy inferior a las cargas impositivas que se estaban barajando y que alcanzaban hasta el 19% para el sector fotovoltaico. En cualquier caso, ha apuntado que su afección sobre la viabilidad de las inversiones renovables ejecutadas en la región “va a estar muy ligada a la tecnología de generación y al esquema de financiación” de cada proyecto.

Asimismo, ha avanzado que pedirá al Gobierno que este impuesto no se aplique a los nuevos proyectos de generación fotovoltaica en régimen ordinario, al tratarse de “energías limpias que no precisan subvención alguna y que no han contribuido a generar el ‘déficit de tarifa’”.

En cuanto a las actuaciones del Gobierno regional para evitar que la llamada ‘ecotasa’ pueda ser repercutida en la factura de los consumidores extremeños, Juan José Cardesa ha explicado que se están llevando a cabo los trámites previos a la eventual formalización de un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto Ley, de 13 de julio, que permitía esta posibilidad, y ha anunciado que se va a solicitar la convocatoria de la Comisión Bilateral de Cooperación Estado-Extremadura para “entablar conversaciones para buscar una solución extrajudicial”.