El proceso de evaluación ambiental de la refinería Balboa, en Tierra de Barros (Badajoz), se inició en 2005. “Por fin”, tras casi 8 años, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, mediante una declaración de impacto ambiental negativa, ha resuelto que “esta instalación no es compatible con un medio ambiente sano y bien conservado”. Esta declaración “confirma lo anunciado en la propuesta de DIA desfavorable que trasladó el Ministerio a la Junta de Extremadura el pasado mes de marzo”.
 
Las cinco principales organizaciones ecologistas de ámbito estatal, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, junto con la "Plataforma Ciudadana Refinería No", se congratulan y felicitan al Ministerio “por haber sido consecuente con los informes que señalaban esta incompatibilidad”.
 
“Demasiadas razones para rechazar esta instalación”

“Los impactos y riesgos de vertido asociados a los cientos de kilómetros de oleoductos y poliductos para abastecer una instalación situada 200 km tierra adentro, que además hubieran bordeado el Parque Nacional de Doñana; el elevado número de grandes petroleros que habría atraído a esta misma zona del litoral; el gran volumen de emisiones contaminantes que habría producido la refinería, en medio de una de las comarcas agrarias más ricas de Extremadura, poniendo en peligro la calidad de sus productos y la salud de su población, son algunos de los principales motivos para descartar este proyecto. Se suma a todo ello el sinsentido de instalar una nueva refinería cuando en España hay una gran sobrecapacidad de refino y una tendencia clara a la reducción de la disponibilidad de petróleo”.
 
Las organizaciones ecologistas y la Plataforma tenían constancia de que “la mayor parte de los informes técnicos realizados por los diversos organismos públicos evaluadores eran contrarios a esta instalación por sus daños al medio ambiente. Sin embargo, las fuertes presiones ejercidas por diversos intereses privados, y por algunos cargos políticos para que la refinería saliera adelante, en especial por parte del Gobierno extremeño, han retrasado durante años esta decisión, lo que resulta inadmisible en procedimientos en los que los argumentos de carácter técnico deberían ser los determinantes”.
 
Asimismo, quieren recordar que “ha sido la continuada y contundente oposición social, liderada en gran parte por estas organizaciones, la que ha permitido que al final se imponga la racionalidad y el sentido común. Todos nos debemos felicitar de ello”.