APAG EXTREMADURA ASAJA respalda el avance de las negociaciones para construir la presa del Golondrón
Espera que el acuerdo “no se quede en meras promesas y se convierta en realidad para beneficio
de los agricultores de las Vegas Altas”.
APAG EXTREMADURA ASAJA respalda las negociaciones
emprendidas entre la Consejería de Agricultura y el ministro del ramo, Miguel
Arias Cañete, para que el proyecto de construcción de la presa del Golondrón,
que se ubicaría en el término municipal de Don Benito, sea por fin “una
realidad tras muchos años paralizado”.
Esta organización profesional agraria ha
venido reivindicando durante todo este tiempo “una solución concreta con la
inclusión de las partidas correspondientes en el Presupuesto de Ministerio de
Agricultura para el inicio de los estudios técnicos, paso previo para ejecutar
lo antes posible una obra que posibilitaría la transformación en regadío de
unas 6.000 hectáreas en las zonas de La Serena, Ortiga-Guadámez y Zújar”. Esto
supondría un gran beneficio para cientos de agricultores de la zona, “ahogados
económicamente en la actualidad por la subida brutal tarifas de riego ejecutada
por Confederación Hidrográfica del Guadiana el año pasado”. Además, su
ubicación estratégica y privilegiada en esta zona extremeña de la cuenca del
Guadiana permitiría disponer de recursos adicionales para la actividad agrícola
de la zona.
Por eso, Manuel Laparra, presidente de APAG
EXTREMADURA ASAJA, espera que este principio de acuerdo hecho público hace unos
días “no se quede en meras promesas o en puro humo y pase a ser una realidad en
esta legislatura, y no como ha venido ocurriendo en los diez últimos años,
donde los planes de ejecución estaban incluso recogidos en el Plan Hidrológico
Nacional pero nunca se ejecutaron”.
La puesta en marcha del canal “liberaría al
primer tramo del canal del Zújar de la necesidad de transportar 40 hectómetros
cúbicos y así permitiría poner en riego las zonas de concentración parcelaria
de la comarca de las Vegas Altas, unas 6.000 hectáreas, lo que repercutiría
positivamente en los agricultores y empresas del sector agroalimentario del
triángulo Don Benito-La Haba-Villanueva de la Serena”.
Para esta organización agraria, “los
impedimentos de carácter medioambiental alegados durante tantos años para no
ejecutar la obra han sido una falsa excusa porque de todos es conocido que este
tipo de embalses repercute muy beneficiosamente en la fauna autóctona porque
permite fijar poblaciones. La verdadera y triste realidad es que nunca hubo una
voluntad política por parte de los anteriores responsables políticos
autonómicos y nacionales para ejecutarlo”.
Cuando el proyecto vea la luz y comienza a ejecutarse, APAG EXTREMADURA
ASAJA estará “vigilante para que se pague un precio razonable y justo a los
agricultores en el caso, como se prevé, se tengan que realizar expropiaciones forzosas
de los terrenos para realizar la infraestructura, con el objetivo de que el
patrimonio y las explotaciones de la zona no se van afectados. Desgraciadamente,
en demasiadas ocasiones, la Ley del Suelo en vigor ha conllevado casos
‘sangrantes’ de la valoración del suelo rústico derivando en una auténtica
‘confiscación’ al agricultor por lo que esperamos que no se vuelva en este caso
a repetir”.
de los agricultores de las Vegas Altas”.
APAG EXTREMADURA ASAJA respalda las negociaciones emprendidas entre la Consejería de Agricultura y el ministro del ramo, Miguel Arias Cañete, para que el proyecto de construcción de la presa del Golondrón, que se ubicaría en el término municipal de Don Benito, sea por fin “una realidad tras muchos años paralizado”.
Esta organización profesional agraria ha venido reivindicando durante todo este tiempo “una solución concreta con la inclusión de las partidas correspondientes en el Presupuesto de Ministerio de Agricultura para el inicio de los estudios técnicos, paso previo para ejecutar lo antes posible una obra que posibilitaría la transformación en regadío de unas 6.000 hectáreas en las zonas de La Serena, Ortiga-Guadámez y Zújar”. Esto supondría un gran beneficio para cientos de agricultores de la zona, “ahogados económicamente en la actualidad por la subida brutal tarifas de riego ejecutada por Confederación Hidrográfica del Guadiana el año pasado”. Además, su ubicación estratégica y privilegiada en esta zona extremeña de la cuenca del Guadiana permitiría disponer de recursos adicionales para la actividad agrícola de la zona.
Por eso, Manuel Laparra, presidente de APAG EXTREMADURA ASAJA, espera que este principio de acuerdo hecho público hace unos días “no se quede en meras promesas o en puro humo y pase a ser una realidad en esta legislatura, y no como ha venido ocurriendo en los diez últimos años, donde los planes de ejecución estaban incluso recogidos en el Plan Hidrológico Nacional pero nunca se ejecutaron”.
La puesta en marcha del canal “liberaría al primer tramo del canal del Zújar de la necesidad de transportar 40 hectómetros cúbicos y así permitiría poner en riego las zonas de concentración parcelaria de la comarca de las Vegas Altas, unas 6.000 hectáreas, lo que repercutiría positivamente en los agricultores y empresas del sector agroalimentario del triángulo Don Benito-La Haba-Villanueva de la Serena”.
Para esta organización agraria, “los impedimentos de carácter medioambiental alegados durante tantos años para no ejecutar la obra han sido una falsa excusa porque de todos es conocido que este tipo de embalses repercute muy beneficiosamente en la fauna autóctona porque permite fijar poblaciones. La verdadera y triste realidad es que nunca hubo una voluntad política por parte de los anteriores responsables políticos autonómicos y nacionales para ejecutarlo”.
Cuando el proyecto vea la luz y comienza a ejecutarse, APAG EXTREMADURA ASAJA estará “vigilante para que se pague un precio razonable y justo a los agricultores en el caso, como se prevé, se tengan que realizar expropiaciones forzosas de los terrenos para realizar la infraestructura, con el objetivo de que el patrimonio y las explotaciones de la zona no se van afectados. Desgraciadamente, en demasiadas ocasiones, la Ley del Suelo en vigor ha conllevado casos ‘sangrantes’ de la valoración del suelo rústico derivando en una auténtica ‘confiscación’ al agricultor por lo que esperamos que no se vuelva en este caso a repetir”.

















