Estamos asistiendo en estos días a una revolución social de los países árabes y magrebíes, que se extiende como una llama desde Túnez a Egipto, a Libia, Yemen, Barhein, Argelia, Libia y Marruecos. Los jóvenes árabes y magrebíes, hartos de que alguien les diga lo que tienen qué hacer, qué pensar o qué decir, quieren libertad, quieren democracia. Algunos mueren por ella.

El 27 de febrero de 1981 era viernes. Llovía. Tres días antes unos descerebrados, zafios y tabernarios, como los describía el editorial de El País del día siguiente, habían querido tumbar la democracia recién estrenada dos años antes. Era el último intento de una serie de actos desestabilizadores que se habían venido sucediendo desde que Adolfo Suárez se hizo cargo del gobierno. A la intensa labor asesina de ETA o el GRAPO durante esos años, se añadían los grupos paramilitares de extrema derecha como la Triple A, el Batallón Vasco Español o los Guerrilleros de Cristo Rey, a quienes entre otros muchos asesinatos se atribuyen los de los abogados laboralistas en la calle Atocha en 1977, o el de la dirigente estudiantil Yolanda González en 1980. Además estaba el “ruido de sables”, la “Operación Galaxia” como primer intento golpista, y finalmente el 23F.La derecha extrema nunca ha asistido impasible al nacimiento de la democracia. En este sentido aconsejo el seguimiento de una serie televisiva actual sobre el nacimiento de la Segunda República Española.

Pues bien, el viernes 27 de febrero de 1981 casi dos millones de personas en Madrid y muchos miles más en el resto de España, 12.000 en Extremadura, salimos a la calle para decir alto y claro que la democracia no era negociable, Con civismo, sin pegatinas partidarias ni sindicales, en la calle, como hacen ahora los ciudadanos árabes y magrebíes, erradicamos definitivamente cualquier intento de regresión, y consolidamos la democracia en España.

Se ha dicho poco, en estos días de conmemoración, del papel principal que los sindicatos de clase, CCOO y UGT, jugaron en la consolidación de la democracia en España en esos días de febrero, y también en todo el proceso de transición democrática. Los partidos políticos realizaron una labor imprescindible, pero es de justicia reconocer la tarea que las organizaciones sociales, especialmente los sindicatos, realizaron en aquellos años a favor de las libertades. Convocatorias, como las de las grandes manifestaciones de febrero, no hubieran sido posibles sin la capacidad organizativa de las organizaciones sindicales.

El día 23 de febrero, con el gobierno y los principales dirigentes de los partidos políticos secuestrados en el Congreso de los Diputados, las comisiones ejecutivas de CCOO y UGT, reunidas conjuntamente, emitieron un comunicado reafirmando su total apoyo al Rey, al Parlamento, al Gobierno, y a las fuerzas e instituciones democráticas, y pidieron a todos los trabajadores y ciudadanos una actitud vigilante en defensa de la democracia. Fueron las primeras organizaciones en reaccionar.

Esa tarea de servicio a los españoles y a las españolas, en un Estado social y democrático de derecho tal y como establece nuestra Constitución de 1978, es la que los sindicatos queremos seguir realizando, por ejemplo, con el acuerdo que garantiza la sostenibilidad futura del sistema de pensiones.