En los años transcurridos en democracia nos hemos acostumbrado a la mejora continua de los servicios públicos, en cantidad y en calidad. Tenemos un sistema sanitario envidiable y envidiado en el mundo, un sistema educativo de calidad que escolariza a nuestros jóvenes hasta los dieciséis años, y estamos iniciando un sistema de atención a la dependencia que, entre otras muchas cosas, permitirá incrementar la tasa de población activa entre las mujeres. Además disponemos de un buen sistema de pensiones, de prestaciones por desempleo, y los ayuntamientos y la Junta de Extremadura tienden a ampliar estos servicios con centros de mayores, centros de día, el ejercicio te cuida, programas de deportes, actividades extraescolares, etc…

Nosotros en Comisiones Obreras, consideramos a estos servicios públicos como parte del salario de los trabajadores y trabajadoras: lo llamamos “salario diferido”, es decir, algo que no aparece en la nómina pero que no deja de ser un a contraprestación por el trabajo que hacemos. Quiere esto decir que los servicios públicos no son algo ajeno, que funciona porque sí, sino que la clase trabajadora tiene la obligación de velar, primero porque existan y funcionen, y después porque funciones con criterios de calidad.

Sin embargo, si algo ha puesto de manifiesto la crisis actual, es que el régimen de crecimiento en progresión geométrica de los servicios públicos ya no es posible y, por lo tanto, hemos de abrir un período de reflexión sobre las condiciones necesarias para hacerlos sostenibles en el tiempo.

Hay dos soluciones generales, una que propone que estos servicios se privaticen y que cada uno se pague lo suyo, es el sistema americano, neoliberal, que confía en que el mercado y la iniciativa privada proporcionen los recursos necesarios para atender a estas necesidades públicas, y que va acompañado de una rebaja generalizada de impuestos, y es el que defiende algún partido político español.

El otro sistema es el “wellfare” o estado del bienestar que articularon las socialdemocracias europeas a mediados del siglo pasado, basado en la solidaridad, en que debe aportar más quien más tiene y, por lo tanto, basado en un sistema tributario sólido y progresivo.

Este último es el sistema que viene funcionando en España. Pero para hacerlo sostenible hemos de defenderlo entre todos con criterios de racionalidad. Los sindicatos de clase, CCOO y UGT, ya lo venimos haciendo en los ámbitos de negociación en los que participamos, por ejemplo, oponiéndonos frontalmente a las rebajas de impuestos y a la disminución de las cotizaciones empresariales de la seguridad social, para eso fue también, y fundamentalmente, la HG 29S.

Un ejemplo de lo que no debe hacerse sería la demagogia que algunos políticos montijanos utilizaron en el caso del ambulatorio conjunto Puebla-Montijo, cuando por intereses propios pretendían que se mantuvieran, al mismo tiempo, el ambulatorio nuevo y las instalaciones antiguas de ambos pueblos. No sé si me explico.