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Última actualización 18:50
Jueves, 3 agosto 2017

El paro y la creación de empresas (II)

La doble imposición de dividendos, el tratamiento fiscal a las amortizaciones y de la inversión, la fiscalidad sobre la transmisión de las empresas a los herederos, los elevados costes fiscales para la transformación del carácter societario. etc. son claros ejemplos de cómo el actual sistema fiscal está penalizando a las empresas existentes, pero de manera muy especial a las que quieren entrar en el mercado.

 


Las barreras financieras, que desaniman la inversión, En España no se han desarrollado suficientemente figuras o instituciones básicas a la hora de proporcionar una financiación adecuada a los nuevos empresarios como las Sociedades de Garantía Recíproca, las sociedades de capital riesgo u otros instrumentos financieros que primen en su valoración la propia viabilidad del proyecto empresarial.

 


Otras barreras como las socio-laborales , con un mercado laboral muy rígido, (que se resiste a cambiar, anulando las reformas para adaptarlo al resto de Europa por la intransigencia de los sindicatos oficiales) unos costes de Seguridad Social muy elevados,  concebidos como un verdadero impuesto al empleo, son obstáculos insalvables para la creación de empleo haciendo que el nuevo empresario vea estrangulada su iniciativa incluso antes de haber empezado a producir .

 


Por último, las barreras administrativas, que un exceso de reglamentaciones legales y normativas, estatales, autonómicas y municipales existentes asfixian literalmente, y en un elevadísimo porcentaje de una manera innecesaria, la actividad empresarial.

 


Resulta urgente, y así lo ha reconocido la Unión Europea en reiteradas ocasiones y documentos, proceder a una simplificación de los marcos legales y reglamentarios de las distintas Administraciones Públicas si realmente se pretende conseguir objetivos positivos en materia de competitividad y empleo.

 


De otra parte, se encuentran la infinidad de trámites burocráticos que deben cumplirse hasta llegar a constituir formalmente una empresa. Siendo esta la causa del mayor porcentaje fracasos empresariales, en la fase más incipiente de su desarrollo.

 


Lejos de incentivar, favorecer o primar el nacimiento y consolidación de un proyecto empresarial, desde las Administraciones Públicas se van poniendo trabas y obstáculos que progresivamente desalientan o, cuando menos, dificultan enormemente la ya ardua tarea del emprendedor de una actividad empresarial.
La superposición de las Administraciones local, autonómica, estatal y europea con capacidad normativa sobre la actividad empresarial y la escasa o nula coordinación entre las mismas, está empezando a generar gravísimos problemas para poder desarrollar con un mínimo de seguridad jurídica cualquier tipo de actividad empresarial.

 


En la actualidad son necesario hacer multitud de trámites distintos para constituir formalmente una empresa, y cada uno de estos trámites se subdividen a su vez en varios documentos y múltiples trámites, que pueden llegar a totalizar casi un centenar de gestiones para cumplimentar los requisitos burocráticos.
Pero si bien es verdad que cuantitativamente esta cifra resulta absolutamente desproporcionada para desarrollar una tarea que, en definitiva, tiene un marcado componente de interés social, los aspectos cualitativos son desoladores.

 


Muchos de estos trámites resultan inútiles en sí mismos. Otros se encuentran solapados entre sí. En muchas circunstancias se solicita al ciudadano que aporte documentación que ya obra en poder de la Administración. Y la urgencia en los plazos exigidos al ciudadano contrasta con la lentitud en las respuestas de las Administraciones. Y así sucesivamente se podría continuar enumerando deficiencias y trabas burocráticas que convierten la creación de una empresa en una innecesaria carrera de obstáculos administrativos.
Por ello, considero que resulta urgente, si se quiere generar empleo, suprimir todas estas barreras, eliminando trámites innecesarios y simplificando los que resulten verdaderamente imprescindibles. Simplificar la documentación exigida y eliminar la solicitud de aquella información que obre en poder de la administración. Unificar de cara al ciudadano las “ventanillas” administrativa. Coordinar las normativas de las diferentes Administraciones Públicas y aminorar los plazos de respuestas. Y por último mejorar los niveles de calidad en los servicios administrativos de atención al público.

 


Creemos que, ahora es un buen momento, lo ha sido durante muchísimos años, pero hay que seguir recordándolo, ya que alguna vez nos harán caso y se tomarán decisiones en este sentido.                             
 Juan José Hernández Ramírez

 

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